Las defensas del caso del exvicealcalde de Castedo piden anular las escuchas
La causa se inició tras una denuncia del PSOE de Alicante cuya exedil, Carmen Sánchez Brufal, ejerce la acusación popular, solicitando cuatro años de prisión para los cuatro enjuiciados
El exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, junto otros tres acusados en el caso
La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha acogido este martes la primera sesión del juicio contra el exvicealcalde de la ciudad y concejal de Atención Urbana, el popular Andrés Llorens, contra su exjefe de servicios en 2009, José Lidón, y contra los empresarios José Manuel Valdivieso y Javier Álvarez, por el presunto fraude en la tramitación y adjudicación de diversas obras y de la construcción de 40 contenedores de basura soterrados sufragados con el Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como 'Plan E'. El juicio debería haber arrancado el lunes, pero no lo hizo por indisposición de una de las magistradas.
El juicio ha empezado este martes con las cuestiones previas y la declaración del exjefe de servicio de Atención Urbana en 2009, José Lidón y el empresario representante de la mercantil subcontratada CCMS, Javier Álvarez, quienes han asegurado a las magistradas que su relación era "estrictamente profesional". El proceso continuará este miércoles con la intervención del exconcejal Llorens y del apoderado de Becsa, Juan Manuel Valdivieso.
Nulidad de las escuchas
Las defensas han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron origen a la causa por falta de motivación durante la instrucción, junto con los autos de entrada y registros domiciliarios y en las sedes empresariales, por vulneración de los derechos fundamentales de los acusados. Un aspecto al que Fiscalía se ha opuesto y que la Sala ha confirmado que resolverá por sentencia.
El exjefe de servicio de la concejalía de Atención Urbana ha declarado que su función se ceñía a la redacción y entrega de los proyectos que le encargaban en el área municipal. Ha subrayado que él no intervenía en las adjudicaciones y ha negado la existencia de presuntos regalos o favores entre los encausados tal y como se recogen en las intervenciones telefónicas. "Yo tengo esa forma de hablar, eran bromas, no le doy más importancia", ha indicado Lidón. El empresario representante de la subcontrata CCMS, Javier Álvarez, ha manifestado también que su empresa contrató "temporalmente" a la hija de Lidón por dos meses al enterarse que estaba en el paro.
El PSOE en la acusación popular
Según las acusaciones, los cuatro encausados se habrían puesto de acuerdo para manipular los contratos públicos de varias obras de renovación urbanística para favorecer a las compañías Civil de Construcción Mantenimientos y Servicios (CCMS), y la delegación en Alicante de Becsa, y así redactar los pliegos de condiciones por los que se regían los concursos municipales.
Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que ejerce la exedil del PSPV, Carmen Sánchez Brufal, solicitan inicialmente para los cuatro acusados sendas penas de cuatro años de prisión por delitos continuados de prevaricación y fraude. Para el exregidor y el técnico solicita además 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Para los dos empresarios, el apoderado de la mercantil adjudicataria, y el administrador de la subcontratada, pide su inhabilitación por seis años para contratar con el sector público o recibir ayudas, subvenciones, incentivos fiscales o beneficios de la Seguridad Social.
El Ministerio Público asegura en su escrito de acusación que el Ayuntamiento alicantino resultó perjudicado por estas adjudicaciones irregulares, "al quedar viciada la igualdad en las contrataciones", por lo que pide que sea indemnizado por los encausados de forma solidaria y conjunta con 1.209.700 euros.