La Consejera Barceló debe dimitir
Esta picapleitos, ascendida a alcaldesa primero y encumbrada a una Consellería que nada tenía que ver con ella profesionalmente, ha ido de desastre en desastre hasta la derrota final
Bueno, les concedo que el titular de este artículo es quimérico e ilusorio, pero no malintencionado por discrepancia manifiesta ante lo obvio en ciencia política, sino enunciado con cierta inmediatez, y cuando menos obligado desde el punto de vista de un lector medio, a quien nos debemos, tan alejado del poder gobernante efímero, como angustiado por un profético mañana en el que se anuncia, inexorablemente: media Europa (375 millones de personas) asaeteada por la Covid-19 y sus derivados.
Esta mañana, mientras desayunaba tempranero y de paso hacía mi acostumbrada "revista de prensa", todos los periódicos, empezando por el propio, reflejaban con llamadas en primera, la sentencia de un juez de Alicante (Juzgado de lo Social número 5) condenando a la Generalitat Valenciana a pagar un pastón, en este caso a los médicos que han estado muy próximos, o menos directos, pero siempre susceptibles de contagio con pacientes portadores del maldito covid, a pagar unas indemnizaciones que van, según el grado de afectación, desde los 5.000€ a los casi 50.000€; ahí es nada para la Cosellería de Hacienda que debe estar bufando contra la de Sanidad.
El marrón judicial le cae a Ximo Puig porque, según sentencia: la Generalitat infringió su obligación de proteger a los profesionales (sanitarios) dejándolos al albur de un milagro, no sé si gracias a sus defensas genéticas o constitucionales corpóreas, ya que no solo les restringió las mascarillas, las batas y hasta los peucos plastificados, obligándolos a improvisar sobre la marcha con bolsas de basura, retales de material ya usado o simplemente con pañuelos de tela como tapabocas, sino que hubo más de una bronca entre el guardián de los escudos profilácticos y los médicos que demandaban el recambio obligado desde la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).
No sé si ustedes echaron cuentas, algunos compañeros periodistas lo han hecho, probablemente ilustrados por los sindicatos médicos, pero la cifra salta los 25 millones de euros para empezar. Pero añadan ustedes el monto cuando se sumen en la ventanilla del juzgado el resto del personal sanitario desde enfermeros a personal de limpieza o conductores de ambulancias, y la calculadora le responderá con una cifra además de asombrosa, no sé si impagable.
He conocido casos de médicos de cabecera negándose a volver al trabajo pues estaban de vacaciones cabreadas porque no se le habían pagado ni las horas extras o guardias dobladas
Y ya el colmo para Pedro Sánchez y su gobierno trifásico de alta impedancia (tensión), puede ser que otros tribunales en distintas comunidades autónomas coincidan con la sentencia del alicantino, disparando la multa por falta de previsión o incapacidad, a una cuantía sobrada como para revisar todos los, todavía en ciernes, Presupuestos del Estado, forzando a trasvasar partidas para abonar semejante desaguisado inicial cuando el propio Presidente del Gobierno y de la Generalitat juraban y perjuraban que estábamos lo suficientemente preparados para contener un virus que día tras día atestaba los cementerios y reposaba las UCI, mientras bastantes infectados se malaparcaban en los pasillos por donde pasaba todo el mundo indiscriminadamente.
He conocido casos de médicos de cabecera negándose a volver al trabajo pues estaban de vacaciones cabreadas porque no se le habían pagado ni las horas extras o guardias dobladas; de enfermeros contagiados y aislados en su propia casa con la comida en la puerta de la habitación para no extender el virus entre los que más quieren, cuando en realidad deseaban el imposible de volver al tajo aunque cayeran en la batalla; de psiquiatras y psicólogos alarmando de que a la crisis vírica puede sucederle una distopía mental con gran parte del personal sanitario aquejado de depresiones, miedos e impotencias frustrantes para realizar convenientemente su trabajo. Y así podría seguir con este thriller preapocalíptico donde, como dijo el poeta oriolano: "no es más triste la verdad, lo que no tiene remedio".
¿Y los políticos? ¿Qué hacen?: Poco menos que nada. Un día dicen que van a contratar a 6.000 personas de repuesto, y al siguiente echan a 500. Aseguran que tienen suficientes antivirales, pero nadie sabe dónde, como si temieran el asalto de las masas en un incívico saqueo a las instalaciones secretas gubernamentales provocado por el terror a morir.
En política, o sea: en puridad de los gobiernos democráticos, el responsable de una catástrofe debe dimitir, salvo en España donde no se sabe declinar ceses. Es absurdamente axiomático que Puig no lo va hacer, pero al menos podría evacuar del Gobierno valenciano a Ana Barceló, Consellera de Sanidad, aunque solo fuese como "cabeza de turco", según la RAE "persona a quien se achacan todas las culpas para eximir a otras", aprovechando de paso la tan comentada (y necesaria, aunque mínima) remodelación del Govern Valencià, aunque sea por cambiar cromos, léase Marzà, entre los socios.
Y es que esta picapleitos, ascendida a alcaldesa primero y encumbrada a una Consellería que nada tenía que ver con ella profesionalmente, ha ido de desastre en desastre hasta la derrota final, pero su cese, agradeciéndole los tumultos prestados, no tendría objeciones en el tripartito valenciano, en primer lugar por ser cupo de los socialistas, y en un segundo plano porque Compromís y Unidas Podemos andan buscando ante semejante tragedia vírica un chivo expiatorio que no sea de los suyos.
Váyase a bailar que tanto le gusta, señora Consellera, y deje la política sanitaria en otras manos competentes. Bien mirado, el único que le agradecerá su permanencia al frente de la Consellería más complicada en estos momentos, es el neófito en la Corte Valenciana, pero prometedor en la Comunitat, Carlos Mazón. Se le alteran las feromonas cada vez que Ana Barceló se lanza a la pista.