El callejero oriolano y otras cosas peores

Sobre el concepto de memoria (histórica) existe desde hace tiempo un amplio debate con posicionamientos más o menos científicos y otros no exentos de apasionamiento, mezclados con posturas propias de lo políticamente correcto y de la praxis del pensamiento único o la defensa de la memoria colectiva, por no hablar de política de la memoria o política de la historia. La paternidad del concepto ideológico e historiográfico de ‘memoria histórica’ se atribuye al historiador Pierre Mora, director de la Escuela de Altos Estudios de Francia y de la revista Débat, responsable de la obra colectiva ‘Les Lieux de mémoire’, realizada entre 1984 y 1993 por un centenar de relevantes especialistas galos.

El escritor e historiador británico Tony Judt cuestiona el concepto: “Yo creo profundamente en la diferencia entre la historia y la memoria; permitir que la memoria sustituya a la historia es peligroso. Mientras que la historia adopta necesariamente la forma de un registro, continuamente reescrito y reevaluado a la luz de evidencias antiguas y nuevas, la memoria se asocia a unos propósitos públicos, no intelectuales: un parque temático, un memorial, un museo, un edificio, un programa de televisión, un acontecimiento, un día, una bandera. Estas manifestaciones mnemónicas del pasado son inevitablemente parciales, insuficientes, selectivas; los encargados de elaborarlas se ven antes o después obligados a contar verdades a medias o incluso mentiras descaradas, a veces con la mejor de las intenciones, otras veces no. En todo caso, no pueden sustituir a la historia”.

No menos contundente es Fernando Savater cuando afirma: “La verdad es que la memoria y la historia no son ni mucho menos lo mismo y tratar de homogeneizarlas por decreto o por acuerdo político es cosa estrictamente imposible y probablemente indeseable” (El Correo, 5/10/2013). Por su parte, Stanley Paine sostiene que ‘Memoria histórica’ ni es memoria ni es historia. “Lo que se llama «memoria histórica» o «colectiva» no es tal cosa, sino una versión, o versiones, creadas por publicistas, patriotas, activistas políticos, periodistas o hasta por algunos historiadores interesados. Se trata esencialmente de mitos o leyendas creados acerca del pasado. Pueden tener alguna dosis de verdad empírica, o ninguna”.

Considera el hispanista que “La memoria es individual y subjetiva, nunca es «histórica» o «colectiva» como tal. La historia, en cambio, no se basa en memorias individuales subjetivas, sino en la investigación intelectual de los datos empíricos que sobreviven del pasado”. Y advierte a continuación: “Hay algunos estudiosos e investigadores que están excavando fosas y llevando a cabo investigaciones serias. Eso es siempre importante, y en cuanto es investigación seria debe ser aplaudida. Pero esto es totalmente diferente de querer imponer una versión sesgada y partidista, que rechaza los resultados de la investigación.

Existen dos casos –esto se llama rizar el rizo- de una misma calle con dos placas

Aseveraba también Paine: “Revisionismo es una palabra empleada muy mal, actualmente en España, para describir a los que disienten de la corrección política. La verdad es que una «revisión» es la función de la mayor parte de la investigación seria. Si no se quieren descubrir datos nuevos que pueden enriquecer y «revisar» nuestro entendimiento, ¿por qué investigar? Pero la versión meramente politizada de la promoción de la «memoria histórica» no quiere revisar sino repetir e imponer una versión. El movimiento político sencillamente no tiene interés en la historia, y así no se trata de su revisión sino de su politización o anulación” (ABC, 17/12/2006).

En el terreno práctico, por lo que afecta a nuestro país, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero se aprueba la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (comúnmente conocida como Ley de Memoria Histórica), por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil de España. Y es en el artículo 15.1 donde se establece que “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Al amparo de ello, las distintas Administraciones han ido adoptando –con mayor o menor oposición- diferentes decisiones al respecto y dando lugar, en algunos casos, a situaciones verdaderamente sorprendentes o paradójicas. Citemos ejemplos como la supresión en varios lugares de la calle Vázquez de Mella (tribuno tradicionalista fallecido en la capital de España en 1928), o la eliminación del callejero del nombre del político y jurisconsulto José Calvo Sotelo, asesinado en Madrid en la madrugada del 13 de julio de 1936, tras ser detenido en su domicilio por un grupo de guardias de asalto y miembros de las milicias socialistas, encabezados por un capitán de la Guardia Civil.

En Orihuela, hubo un gobierno municipal que -en una torticera aplicación de la normativa- llevó su revisionismo a sustituir el nombre de Paseo Calvo Sotelo (antes Sagasta) por el simple de ‘El Paseo’, que al fin y al cabo era como de pequeños denominábamos al lugar los vecinos del barrio. Creo que sobran los comentarios. Pero sí quiero dejar constancia en estas líneas del ejemplo de conservación de la memoria que el visitante puede encontrar en algunos lugares castellanos como Casasola de Arión, un pequeño pueblecito de Valladolid, ya al límite con Zamora -y que podemos ver repetido en Peñafiel-, donde se han acomodado los nombres de las calles a los tiempos que vivimos con unos rótulos en los que, sobre la denominación actual, aparecen los nombres de cada vial en épocas anteriores, por orden cronológico. Respeto a la historia se llama la figura.

A este paso, mañana le cambian el nombre a la Casa Consistorial y nadie sabe quién ha sido…

Y ya que nos hemos metido en harina, vale la pena traer a colación un ejemplo de la incuria que, también en este ámbito, atenaza a la administración municipal oriolana (otras cuestiones más graves son, por ejemplo, la no aprobación de los presupuestos en tres años, o la falta de convocatoria de licitación del aparcamiento en la zona azul con la consiguiente pérdida para las arcas públicas, sin que nadie asuma responsabilidades). No sé si –como hace ya tiempo pude comprobar- Orihuela sigue contando con una calle y una Plaza dedicadas a Miguel Hernández, y otra calle y una Avenida de la Constitución. Pero sí puedo asegurarles que existen dos casos –esto se llama rizar el rizo- de una misma calle con dos placas. Frente al Casino Orcelitano, y medio tapado por una vieja caja de telefonía y un lío de cables, tenemos el rótulo en metal del historiador bigastrense y cronista oficial del Ayuntamiento oriolano, Rufino Gea Martínez (fallecido en 1920) y, bajo el primer rótulo, otro más reciente y llamativo en cerámica que dice “Calle Salitre”. No “Antes Salitre”, como era su denominación antigua y no induciría a confusión, sino simplemente “Salitre” y en pequeño una referencia a que antaño hubo allí una fábrica de salitre.

Todavía más sorprende es el otro caso: que en una calle denominada oficialmente hasta ahora ‘Gallo Crisis’, aparezca -sobre la entrada trasera de un edificio municipal cual es el Teatro Circo- una placa que dice “Calle de las Cobaias’. He preguntado a responsables municipales y ninguno sabe quiénes son la tales Cobaias ni tampoco nada sobre el responsable de la colocación del rótulo. Hasta aquí, como decía, llega de momento la incuria de la administración municipal. Porque todo es susceptible de empeorar, menos la nómina que pagamos los ciudadanos. Pero mucho ojo, señores ediles: a este paso, mañana le cambian el nombre a la Casa Consistorial y nadie sabe quién ha sido…