Absuelto (también), 13 años después, el exvicealcalde de Castedo Andrés Llorens

La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto al exvicealcalde y exconcejal de Atención Urbana en el Ayuntamiento de Alicante con el PP de Sonia Castedo, Andrés Llorens, de los delitos de prevaricación y fraude en la causa del presunto amaño en la tramitación y adjudicación de diversas obras y de la construcción de contenedores de basura soterrados en 2009.

El tribunal de la sección décima también ha absuelto al empresario representante de la subcontrata involucrada CCMS, Javier Álvarez, de estos mismos hechos y, por contra, sí que ha condenado a los otros dos acusados: el apoderado de Becsa, Juan Manuel Valdivieso, y el exjefe de servicio de Atención Urbana en 2009, José Lidón, a penas de dos y cuatro años respectivamente de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación, según adelanta el diario 'Información' y han confirmado fuentes judiciale.

La Audiencia celebró el pasado mes de enero el juicio por el presunto fraude en la tramitación y adjudicación de diversas obras y de la construcción de 140 contenedores -un lote de 100 y otro de 40- de basura soterrados sufragados con el Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como 'Plan E'.

En la primera sesión, el exjefe de servicio de Atención Urbana en 2009, José Lidón, y el empresario representante de la mercantil subcontratada CCMS negaron los hechos y aseguraron que su relación era "estrictamente profesional".

Por su parte, Llorens afirmó ante el tribunal que no tenía relación con el apoderado de Becsa antes de las adjudicaciones de los proyectos y que le conoció después de los procesos. Del mismo modo, remarcó que desconocía cómo se hacían las licitaciones y los proyectos y que su función era "firmar" algo que venía avalado por los técnicos municipales.

Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que ejercía la exedil del PSPV, Carmen Sánchez Brufal, solicitaban inicialmente para los cuatro acusados penas de cuatro años de prisión por delitos continuados de prevaricación y fraude. Para el exregidor y el técnico pedía además 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Para los dos empresarios, el apoderado de la mercantil adjudicataria, y el administrador de la subcontratada, pedía su inhabilitación por seis años para contratar con el sector público o recibir ayudas, subvenciones, incentivos fiscales o beneficios de la Seguridad Social.