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Dimite el alcalde del PSOE que se coló en la vacuna pero su mujer de momento no

El primer edil de El Verger y su esposa, alcaldesa de Els Poblets, fueron suspendidos de militancia por el PSPV por vacunarse contra la covid cuando no les correspondía

Ximo Coll y Carolina Vives a su salida de los juzgados de Dènia donde prestaron declaración

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El alcalde de El Verger, Ximo Coll, ha presentado su dimisión este miércoles como primer edil de este pequeño municipio de la Marina Alta alicantina y cede así su puesto al que hasta ahora ostentaba el cargo de segundo teniente de alcalde, Juan Chover. La renuncia se debe, principalmente, a la pérdida del apoyo del grupo municipal y de la agrupación socialista, por haberse colado en el proceso de vacunación junto a su esposa, Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets, el pueblo vecino.

Coll ha tomado la decisión para "garantizar la gobernabilidad" del municipio y dar "establidad" al gobierno municipal después de que el año pasado fuera suspendido de militancia por parte del PSPV por vacunarse contra la covid-19 antes de tiempo junto a su mujer, y alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives. Ambos están suspendidos de militancia por el PSPV aunque, de momento, solo él ha dado el paso de abandonar el cargo en la alcaldía.

Compromís decide 

La formación gobierna en solitario y en minoría en el municipio y cuenta con los apoyos "puntuales" de Compromís, quien había supeditado seguir negociando para sacar iniciativas adelante con el PSPV al cese de Coll como primer edil. El PSPV de Carolina Vives también gobierna en minoría gracias a Compromís, por lo que podría correr la misma suerte que sui esposo si los ediles de la coalición nacionalista utilizan la misma vara de medir.

El 15 de noviembre Coll y Vives acudieron a declarar a los juzgados de Dénia como investigados después de que un juez abriera diligencias para investigar la vacunación contra la covid-19 de ambos alcaldes, que tuvo lugar en el centro de salud de El Verger el pasado 8 de enero de 2021 cuando no les correspondía por turno.

La decisión se produjo a raíz de una denuncia de Fiscalía Anticorrupción, que les atribuye la presunta comisión de un delito de cohecho pasivo impropio.