Desarticulada una red de desalojos que expulsaba a inquilinos de rentas antiguas
La banda se hacía pasar por una empresa de desalojo de okupas, aunque lo que realmente hacían era expulsar a personas mayores que pagaban bajos precios de alquiler
La banda ocupaba viviendas para expulsar a los inquilinos y luego negociaba su salida con los propietarios
La Guardia Civil de Alicante ha detenido a dos personas e investiga a otras tres por la presunta comisión de desalojos irregulares de okupas en viviendas por parte de una empresa de seguridad. Estos ‘desahucios exprés’ atendían al mismo procedimiento en las provincias de Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
La empresa desalojaba a una supuesta okupa que usurpaba la vivienda a su inquilino, generalmente personas de avanzada edad que pagaban rentas bajas por tener un contrato de muchos años con el propietario.
Los agentes supieron que entre la inquilina y el propietario de la vivienda existía un conflicto motivado por la vigencia del contrato de arrendamiento. Al parecer, la legítima moradora, al llegar a su domicilio se encontró con una puerta instalada especialmente para evitar las ocupaciones ilegales. Las primeras indagaciones relacionaron estos hechos con una empresa de seguridad especializada en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente.
Según la manifestación del propietario del inmueble, contrató a una empresa mediadora en desalojos pero que, al llegar al domicilio encontró a persona distinta de la inquilina. Esta mujer, afirmó que la moradora presuntamente le había vendido las llaves de la vivienda diciéndole que era propiedad del banco.
El propietario, tras demostrarle que era el titular de la vivienda, firmó un contrato privado en el que la presunta okupa accedía de manera voluntaria al abandono del inmueble.
Una misma mujer vinculada a otras ocupaciones
De las investigaciones llevadas a cabo se observaron similitudes entre este hecho ocurrido en Villajoyosa y otro de Orotava (Santa Cruz de Tenerife), ocurrido en junio de 2021. En esta ocasión, entre la propietaria de la vivienda y la presunta okupa, que era la misma que en el inmueble de la localidad alicantina, también existía un documento privado que acordaba el abandono voluntario y exprés del inmueble.
Lo que hizo saltar las alarmas de la Guardia Civil es que el formato del documento firmado entre particulares coincidía con el de Villajoyosa y el nombre de la presunta okupa aparecía editado a ordenador; dato llamativo teniendo en cuenta que supuestamente se desconocía la identidad de la persona que había ocupado el inmueble.
Idéntica situación se produjo en una vivienda de Sagunto, en el que el allanamiento fue realizado por la misma mujer que formaba parte de las anteriores actuaciones objeto de la investigación.