La Generalitat pide al Gobierno ‘nacionalizar’ las viviendas de la Sareb

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, propondrá al Gobierno central, con el apoyo de organizaciones sociales, que las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo (Sareb) en la Comunitat Valenciana se incorporen al parque público de la Generalitat.

En ese sentido, Illueca ha mantenido una reunión con representantes de organizaciones sociales de la Comunitat para trasladarles la propuesta que este miércoles expondrá al secretario general del Tesoro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Carlos Cuerpo, referente a las viviendas de Sareb.

La propuesta plantea la posibilidad de transferir a la Generalitat la titularidad de todas las viviendas que la Sareb tiene en la Comunitat para incorporarlas al parque público autonómico, así como los suelos urbanizables que disponga en territorio valenciano.

Gigantesco dolor social

En el encuentro han participado representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CVJ); CCOO, UGT-PV; Intersindical y las entidades Sillas contra el Hambre, Iaioflautas València y Decidim. El vicepresidente segundo ha convocado la reunión para que las organizaciones sociales conozcan de primera mano la propuesta que se realizará al Ministerio.

En la reunión del miércoles, el vicepresidente pretende "trasladar la voluntad política de la sociedad valenciana" de que estas viviendas pasen a la Generalitat, ya que son "resultado de un gigantesco dolor social, que incluye desahucios y una gran estafa" y que "las viviendas que los ciudadanos y ciudadanas ya han pagado, pasen a formar parte del parque público".

Según ha explicado Illueca, la "nacionalización" de la Sareb va a suponer "un cambio cualitativo que seguramente apunta en la dirección de que si se trata de una sociedad pública, las viviendas deben ser públicas".

Apoyo a la declaración institucional

Tras una presentación por parte de la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, un miembro de la PAH ha leído la declaración institucional que el miércoles se trasladará al Ministerio y que ha sido suscrita por los y las representantes de las organizaciones asistentes. En el acto también ha estado presente por parte de la Vicepresidencia el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, la subsecretaria, Blanca Jiménez, y el director general de Coordinación Institucional, Marc Aparisi.

El primer punto del documento recoge la necesidad de incorporar las viviendas titularidad de la Sareb al parque público de la Generalitat y así "resolver la necesidad imperante de resolver cuanto antes la emergencia residencial a las familias, colectivos en riesgo de exclusión social y unidades de convivencia que lo necesiten".

El segundo punto expone la voluntad de establecer un marco de diálogo con la Sareb para estudiar la transferencia del suelo urbanizable de la sociedad que permita la construcción de vivienda pública en la Comunitat. La sociedad de gestión posee 6.837 solares en la Comunitat, muchos de ellos urbanizables.

8.532 viviendas en la Comnitat

La declaración institucional recoge en un tercer punto la urgencia de abordar, con perspectiva global, la situación de los contratos de alquiler de las familias que actualmente residen en viviendas propiedad de la Sareb, "siempre en pro de asegurar la permanencia de las personas en su hogar con criterios objetivos, de manera negociada con representantes de afectadas y movimientos sociales presentes, y acabando con las posibles prácticas de acoso inmobiliario".

El último punto de la declaración hace referencia a la necesidad de clarificar las demandas judiciales y desahucios actuales o en proceso, "con el objeto de retirarlos y compensar, en su caso, si se han incoado sin fundamento jurídico ajustado, sin respetar las recientes medidas urgentes dictadas por el gobierno o desoyendo las peticiones reiteradas de búsqueda de soluciones de las familias".

Según datos de la Sareb, en la Comunitat Valenciana dispone de un total de 8.532 viviendas, que en caso de incorporarse a las más de 14.000 que gestiona la Generalitat, supondría un aumento de casi un 63%. Ante estas cifras, "tenemos la oportunidad de promover la mayor ampliación del parque público de vivienda de la historia democrática de nuestro país", ha asegurado Illueca, quien ha agradecido a las organizaciones sociales su adhesión a la propuesta que trasladará al Ministerio.

Un encuentro en el que se tratarán "temas que para nosotros tienen la máxima importancia por la influencia positiva que pueden tener a medio y largo plazo en el parque público de la Generalitat y en las vidas de las personas de nuestro territorio". Unas propuestas "con sentido y surgidas de esta Conselleria que podrían ayudar en otras comunidades autónomas y territorios" a abordar el tema de la Sareb.

Por todo ello considera esencial el apoyo de estas organizaciones porque "si las deudas de la Sareb van a recaer en los bolsillos de todos los ciudadanos y ciudadanas, las viviendas de la entidad tendrían que ser sometidos al interés general y no al provecho rentable de unos pocos privilegiados", ha concluido.

La propuesta promovida por la Vicepresidencia Segunda ha recibido el apoyo de todos los representantes de las organizaciones sociales asistentes a la reunión. Mañana está previsto que prosiga la ronda de contactos con representantes de las organizaciones sindicales UGT y CCOO y de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

El pasado 21 de enero el vicepresidente envió una carta al Ministerio dirigida a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, solicitando una reunión para tratar este asunto.

En la misiva se exponía que la petición se realiza después de que el Consejo de Ministros aprobara las modificaciones jurídicas necesarias para que la Sareb se convierta en una sociedad pública. Dado el cambio de régimen, se entiende que el gran stock inmobiliario que posee podría dar respuesta a las necesidades habitacionales de los y las habitantes de la Comunitat Valenciana.