La prostitución, a debate

El debate sobre la prostitución no ha sido aún afrontado en España con la debida seriedad y en profundidad. Está sobre la mesa en estos días, como una patata caliente con la que el Gobierno, impulsor de una proposición de ley, se trata de justificar. “En democracia, las mujeres ni se compran ni se venden”, advirtió el martes en el Congreso la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, hablando como la simple que es. Poco después, los grupos votaban una propuesta que, además del respaldo socialista, consiguió el del PP y el de parte de Podemos; los comunes de Ada Colau votaron en contra, así como como ERC y la CUP. Con la abstención de Vox, pero también del PNV y de Bildu, la Cámara Baja aprobó esta semana iniciar el trámite para reformar el Código Penal y prohibir cualquier forma de proxenetismo.

Lo curioso del caso es que, como les digo, sectores de derechas y también algunos de izquierdas se han manifestado en contra del texto propuesto. En este sentido, Íñigo Errejón, de Más País, ha dicho que esta ley que ha impulsado el Gobierno no conseguirá acabar con la prostitución, sino hacerla más clandestina. Y me atrevería a añadir que también logrará convertirla en objeto de deseo para algunos, a quienes en un mercado libre no les habría llamado la atención el sexo a cambio de dinero, pero las prohibiciones les resultan atractivas.

Actualmente la prostitución en España está en un limbo legal, pues ni está prohibida ni tampoco se reconoce como relación laboral. Lo curioso del tema es que ya estaban tipificados en el Código Penal como conductas punibles la prostitución coactiva de mayores de edad -íntimamente relacionada con la trata de blancas-, así como el proxenetismo ejercido mediante la explotación de otra persona de manera coactiva o en condiciones gravosas, aun con su consentimiento. A pesar de ello, las condenas a proxenetas brillaban por su ausencia en nuestro país: en 2021, 1 condena. El motivo lo desconozco, pero puede tener que ver con que se trate, tristemente, del oficio más viejo del mundo.

Los sucesivos gobiernos se han encogido de hombros ante un comercio que se remonta a los orígenes de la humanidad, entiendo que por ser algo tan aceptado por la sociedad como que el sol sale por las mañanas. Triste, pero real. Hasta hace relativamente poco tiempo los varones eran los clientes habituales, aunque desde hace unos años también hay mujeres que recurren a los servicios sexuales de pago. Dudoso avance social femenino. La educación, o, mejor dicho, la falta de educación emocional y sexual -eterno caballo de batalla- tiene mucho que ver con la existencia de una realidad, con la que entiendo que no va a acabar ni este Gobierno, ni el que venga, ni el siguiente. Es un comercio íntimamente relacionado con la pornografía y su extensión por las redes sociales, con la pérdida de valores en esta sociedad consumista del “usar y tirar” y con la explotación hasta la saciedad de la imagen y el cuerpo de la mujer.

El fin que persigue la nueva norma es loable, pero díganme a qué se van a dedicar esas mujeres que viven de la prostitución si sus clientes son penalizados

No se trata de un tema menor o baladí, sino de una cuestión trascendente, que cuenta con numerosas aristas. Si existe prostitución es porque hay demanda y los motivos de ello pueden ser muchos y variados. El CIS dice que una tercera parte de los varones españoles ha utilizado alguna vez servicios sexuales de pago. El número de prostitutas puede superar las 100.000 en España, pero no se dispone de un número ni aproximado siquiera, esta cifra es dicha a ojo, porque resulta imposible conocer la verdad, dado que se ejerce en el ámbito privado. Es muy difícil que los datos salgan a la luz. La prostitución supone además el 0,35% de nuestro Producto Interior Bruto. Ya ven que son cifras mareantes, que están detrás del porqué no se le ha metido mano hasta ahora a este melón. Y permítanme que les diga que dudo que a partir de la aprobación de la ley se vaya a perseguir a los clientes como medio para acabar con la prostitución, por mucho que la ley en que se está cociendo lo pretenda.

Así las cosas, el fin que persigue la nueva norma es loable, pero díganme a qué se van a dedicar esas mujeres que viven de la prostitución si sus clientes son penalizados por requerir sus servicios. Lo ideal sería que no existiera , pero ¿quién le pone el cascabel a este gato?

No quiero condenar algo que, de entrada, no me cabe en la cabeza, porque doy por hecho que la mayor parte de las mujeres que ejercen la prostitución se ha visto abocada a ejercerla, dado no ha tenido otro remedio. Entiendo que, si hubieran tenido una situación que les hubiera permitido llevar adelante una vida digna por otros medios, habrían optado por ello. Doy por hecho que solo una minoría lo hace de manera libre, porque quiere y le da la gana, como dice Valérie May, escritora y prostituta y portavoz del sindicato OTRAS: “el Gobierno más progresista y feminista de la historia se ha echado encima de las mujeres más vulnerables”. Parece que las explicaciones del Gobierno no les convencen a las destinatarias a quienes se pretende proteger. Tal vez se echa en falta que, para llegar al objetivo, se debería haber abordado la cuestión por fases, no tan de golpe, lo que puede frustrar las pretensiones de acabar con lo que muchos consideramos una lacra. Dicho sea con todo respeto para quienes lo ejercen.

Mónica Nombela

Letrada directora de Nombela Abogados