El Pleno exige a la Conselleria la retirada urgente del amianto en tres colegios

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves una declaración institucional presentada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, integrado por los grupos del PP y Ciudadanos, por la que exige a la Conselleria de Educación la puesta en marcha "urgente" de las obras para la retirada del amianto de tres colegios de la ciudad: los CEIP Azorín, Emilio Varela y El Tossal. La iniciativa ha salido adelante con 16 votos a favor (PP, Ciudadanos y Vox) y 13 en Contra (PSOE, Up y Compromís).

En la declaración institucional el Ejecutivo local apremia al Consell a tomar medidas para que la empresa adjudicataria de los trabajos cumpla el contrato firmado y proceda a realizar las obras este gestionada por Compromís y hasta mismo verano, con lo que no queda satisfecho con el aplazamiento al próximo verano 2023 la actuación al rescindir el contrato.

La concejal de Educación Julia Llopis "el año pasado le atribuyeron la culpa a los conserjes cuando no tenían ni los materiales y ya advertí que este año tampoco lo iban a quitar y no me he equivocado, después de que ayer anunciaran que lo dejan para el verano de 2023". "La conselleria de Educación, dirigida hasta hace poco por el señor Vicent Marzá, no ha sido capaz ni de quitar el amianto ni de construir un solo colegio en Alicante en dos legislaturas y encima han agotado los barracones" ha recordado Llopis.

El texto registrado por el equipo de Gobierno señala que la Conselleria de Educación trasladó a mitad de junio a las comunidades educativas de estos tres centros hasta una fecha concreta, el 17 de junio, como fecha en la que se firmaba el acta de comprobación de replanteo para la obra de retirada del fibrocemento y la reposición de cubierta de los tres colegios, con la previsión de que los trabajos comenzasen a partir del lunes 20.

"Cuál ha sido nuestra sorpresa", añade el Ejecutivo local, "cuando, una semana después de conocer que se iba a firmar de manera inmediata el acta de replanteo y que iban a comenzar las obras de retirada del amianto, la empresa que debía hacer las obras se ha echado para atrás en el último momento aludiendo ahora al encarecimiento de los materiales".

En este punto, el equipo de Gobierno, a través de al edil de Educación, Julia Llopis, concluye que "el problema no residía ni ha residido nunca en el Ayuntamiento, sino que desde la Conselleria de Educación ni hacen las cosas de manera diligente, ni asumen su responsabilidad".

"El Ayuntamiento de Alicante, de manera diligente", prosigue la declaración institucional y Julia Llopis, "cumplió con su promesa y procedió a realojar a los conserjes de estos tres centros, siendo el único trámite que faltaba para que el Consell iniciase los trabajos". Asimismo, añade que el Patronato Municipal de Vivienda acordó en mayo la cesión temporal y gratuita a la concejalía de Educación tres viviendas para realojar a los conserjes municipales de estos centros para que la Generalitat pudiese realizar este verano las obras.

La declaración institucional exige al Consell que se reúna de manera inmediata con la empresa adjudicataria y le obligue a cumplir el contrato suscrito y a realizar la retirada del amianto de manera urgente.

Asimismo, el Ejecutivo local recaba el "total" apoyo del Pleno del Ayuntamiento a los padres y madres de los tres colegios afectados y se pone a disposición de la Conselleria para que se puedan llevar a cabo las obras descritas a la mayor brevedad posible.

En la misma línea, reclama a Educación que se reúna de manera inmediata con las asociaciones de madres y padres de los tres colegios "para que les informen de manera detallada de todo lo sucedido y les aporten soluciones concretas e inmediatas".

Peligro para la salud pública

En su declaración institucional, el Ejecutivo local recuerda que el amianto es un material "muy peligroso para la salud" y reitera la necesidad de su urgente retirada. "No se puede permitir que después de todo lo sucedido y de todas las culpas y responsabilidades que lanzaron frente al Ayuntamiento, ahora, a unos días [del inicio de las obras], suceda esto", señala.

El Gobierno municipal califica de "inaceptable" la paralización de los trabajos cuando "está en juego la salud de las personas" e insta a la Conselleria a asumir su responsabilidad, "pues es inconcebible que, a días de comenzar las obras, la empresa se eche para atrás".

"Esta incomprensible e injustificada decisión y en este preciso momento", agrega la declaración institucional, "conlleva unas consecuencias muy negativas para los padres y madres, alumnos y todo el personal docente de estos tres centros. La empresa adjudicataria firmó un contrato de cerca de 900.000 euros y ahora no puede negarse a realizar las obras".