El alcalde exige al Gobierno fondos para bajar el precio del transporte público

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reclamado este martes a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, los fondos "necesarios y suficientes" para que los ayuntamientos puedan afrontar la rebaja de un 30% en el precio del transporte público en los municipios aprobada por decreto del Gobierno central para el período del próximo 1 de septiembre al 31 de diciembre. En el marco de la reunión de la ministra con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el primer edil también ha reclamado al Ejecutivo "garantías" para que los consistorios también puedan cubrir la responsabilidad de compensar a las empresas prestadoras del servicio de transporte.

"Un asunto de este calado debe afrontarse desde la doble vertiente del principio de responsabilidad: en la gestión y de la gestión. Con independencia de la orden que lo desarrolle, el decreto ya establece una serie de responsabilidades y debería quedar más claro", ha destacado Barcala. "Unirse a esta iniciativa implica la responsabilidad por parte de los ayuntamientos de aplicar el descuento del 30% en tantos casos, como sea necesario; es decir, en todos los viajes, abonos y demás. En segundo lugar, la responsabilidad del Ayuntamiento de compensar al operador", ha añadido.

El alcalde de Alicante ha matizado que el decreto gubernamental "no fija ninguna garantía" de que con los fondos que proporciona el Gobierno de España se termine cubriendo el 100% de lo que ambas obligaciones suponen: el descuento del 30% al usuario y de las compensaciones aplicadas al operador. "Y eso supone un problema grave porque genera inseguridad al ayuntamiento.

Además del descuento, hay otros costes que son compensables al operador, como los gastos financieros y los de la implementación de aplicaciones", ha puntualizado Barcala. "Si el fondo recibido del ministerio se destina íntegramente al descuento, ¿Quién abona esos otros gastos compensables al operador? Necesariamente, quien ha asumido esa obligación, que es el ayuntamiento", ha insistido.

El primer edil ha remarcado que, por medio de este convenio, los ayuntamientos asumen la responsabilidad de aplicar el descuento del 30% a todos los usuarios y también la de compensar al operador, "pero no tienen ninguna garantía por parte del ministerio de recibir los fondos necesarios y suficientes para cubrir toda esa aportación municipal y hacer frente a esa doble responsabilidad".

Claridad en el reparto de los fondos

En el transcurso de la reunión con la ministra de Transporte, los alcaldes del PP han pedido más claridad sobre reparto de los fondos ministeriales y han precisado que si se fija como criterio una cuantía fija es necesario establecer un mecanismo de liquidación para que el riesgo del coste de la medida no la asuman los ayuntamientos.

En el caso de que la ayuda se aporte por la inflación y el fomento de la movilidad sostenible, los dirigentes populares reclaman que la medida tenga continuidad en el tiempo y no sea coyuntural, con fecha fija de finalización a finales de diciembre. También consideran prioritario resolver con antelación dos asuntos que lastran el Presupuesto: la pérdida de recaudación por la caída de la demanda y el sobrecoste del combustible y de la energía.

En opinión de los ediles populares, "sólo así se logrará que estas medidas sirvan realmente de ayuda a los ciudadanos de los municipios y provincias a los que les afecta esta decisión".

Los alcaldes y presidentes de Diputación populares han puesto de relieve a la ministra Sánchez "la discriminación" que comete el Gobierno con los máximos representantes de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, "tanto en la forma como en el fondo".

De esta forma, han recriminado que, a las Entidades Locales, que son las más afectadas por estas medidas de bonificación del transporte las reciba telemáticamente, mientras que este miércoles se reúne en el ministerio con los consejeros autonómicos. También lamentan que se hayan adoptado medidas para bonificar camiones y autobuses, a razón de unos 900 euros por vehículo, de las Comunidades Autónomas y no a los de los ayuntamientos.