La consellera de Justicia asegura que los alicantinos son los más 'puteros'

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha señalado que dos estudios elaborados por la Universidad de València y la Miguel Hernández de Elche en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución revelan que la provincia de Alicante ‒además de ser la que más prostíbulos concentra de las tres‒ es donde su población tiene una mayor tolerancia hacia esta forma de violencia de género.

Así lo ha explicado la consellera en su intervención en las II Jornadas contra la Trata y Explotación Sexual de Mujeres, Niñas y Niños que se ha celebrado este miércoles en el Centro de Congresos de Elche.

Bravo ha hecho hincapié en los datos sobre la incidencia de la prostitución en la provincia de Alicante que fueron revelados por los estudios encargados por la Conselleria a las universidades de València y Elche en el marco del Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución.

La consellera ha lamentado que la tolerancia hacia la prostitución es sensiblemente mayor en la provincia de Alicante: el 53% frente a la media autonómica que es del 39% según concluye el estudio elaborado por la Universidad Miguel Hernández de la capital ilicitana.

Por su parte, el informe de la Universitat de València revelaba que las comarcas de la Marina Alta y la Vega Baja constituyen auténticas “rutas del sexo” por la cantidad de clubs de alterne que aglutinan. De hecho, de los 164 establecimientos identificados en 2021 como lugares donde se prostituía a mujeres, 74 estaban en la provincia de Alicante, 73 en la de Valencia –con una población un 72% mayor‒ y 17 en la de Castellón. A ello hay que unir la gran concentración de anuncios en Internet de pisos donde se ejerce la prostitución que se ubican en los centros urbanos de Benidorm y la capital alicantina.

Para luchar contra todo ello, la consellera ha explicado que iniciativas como la elaboración de un modelo de ordenanza abolicionista que se ha puesto a disposición de los ayuntamientos está siendo “un proyecto exitoso” que está siendo tramitado por muchas corporaciones locales. Esta ordenanza incluye entre otras medidas, sanciones a los demandantes de sexo pagado ‒los puteros‒ que pueden alcanzar los 3.000 euros.

Para la consellera, la idea principal que persigue la ordenanza abolicionista “es la sanción de la demanda” porque “la prostitución existe porque hay hombres dispuestos a pagar por sexo con mujeres a las que consideran pura mercancía”. Además, la ordenanza no sólo prevé la sanción a los clientes, sino también a aquellos que favorezcan, intermedien o publiciten la prostitución.

No obstante, Bravo ha destacado que la ordenanza “va más allá de la sanción a los puteros” porque “incorpora también la obligación por parte de los ayuntamientos de poner en marcha un plan integral para ayudar a las mujeres a poder construir un proyecto de vida digno. Y en eso estamos también trabajando ahora”.

“La Valenciana es la única comunidad autónoma que está liderando ahora mismo en España una estrategia determinante para la abolición de la prostitución”, ha dicho Gabriela Bravo. Un objetivo para el que, una vez más, ha exigido “una ley integral estatal”. No obstante, “mientras esta ley llega, la Generalitat seguirá trabajando a través de las reformas que hemos puesto en marcha como la de la Ley de Espectáculos o la de la Ley de Carreteras para que sea la primera comunidad autónoma libre de prostitución”, ha concluido.