Baja ejecución y falta de transparencia en las inversiones, trampas de los PGE

CEV Alicante y el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (INECA) han presentado este miércoles el informe de estudio Presupuestos Generales del Estado 2023 y su incidencia en la provincia de Alicante. Se trata del tercer año en el que las dos entidades colaboran en la presentación de este informe. La exposición ha corrido a cargo de Joaquín Pérez, presidente de CEV Alicante, Nacho Amirola, presidente de INECA, y Francisco Llopis, director de estudios de INECA. Al acto también ha asistido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, siguiendo la línea de trabajo en conjunto iniciada por CEV, Cámara de Comercio e INECA en reivindicación de unos presupuestos dignos para la provincia de Alicante.

El presidente de CEV Alicante ha afirmado que “2020 fue el año de los datos y de la denuncia de la enorme discriminación que sufrimos históricamente, en 2021 constatamos que nuestras palabras no tenían ningún efecto en nuestros gobernantes e identificamos que el problema era nuestra falta de influencia en las decisiones del Gobierno Estatal y ahora, en 2022, ha llegado el momento de pasar a la acción y de la unidad de la sociedad civil frente a este problema”.

Joaquín Pérez ha añadido pese a todos nuestros mensajes, no se nos ha escuchado y hemos llegado a una situación muy complicada para los habitantes de esta provincia, tanto que esta vez no nos vamos a contentar con esperar una respuesta, sino que vamos a exigirla y vamos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para conseguirlo”.

Reducción de 579 a 160 millones

Por su parte Nacho Amirola ha expresado que “las inversiones presupuestadas en los PGE para la provincia de Alicante se han ido reduciendo desde los 579,3 millones de euros del 2008 a únicamente 160,8 millones de euros que hay previstos para el 2023, algo que cambiaría ligeramente con los 51 millones adicionales que parece pueden aprobarse a través de las enmiendas anunciadas”.Sobre la respuesta que hasta ahora está dando desde el Gobierno estatal y autonómico, Amirola ha señalado que “sólo el hecho de que se hayan planteado estas enmiendas y que adicionalmente el Consell esté mostrando preocupación por la situación de la provincia es una buena noticia, y refleja cierta sensibilidad, aunque sigue siendo insuficiente, por la profunda preocupación que la sociedad alicantina, sindicatos, empresarios y sociedad civil, en general, ha expresado en los últimos días”.

El presidente de INECA ha lanzado un mensaje optimista al afirmar que “de cara a los presupuestos del 2024, que esperamos se planteen de tal forma que, con verdadero sentido de Estado y justicia social, se comience a resolver el agravio que venimos sufriendo desde 2008 justo cuando nuestras dos fuentes de riqueza -la construcción en 2008 y el turismo en 2020- sufrieron los mayores desplomes de actividad jamás conocidos en nuestra provincia”.

En este sentido, desde Ineca creemos que debería llevarse a cabo un “Plan de Inversiones en Infraestructuras de Trasporte en la Provincia de Alicante”, que incluya, no sólo esas infraestructuras necesarias, sino el calendario de ejecución y vías de financiación, debiendo contemplar aportaciones directas de los PGE, de la GVA o Fondos Europeos, pero muy importante, la participación público – privada como fórmula para movilizar esa importantísima inversión necesaria”, según ha puntualizado Nacho Amirola.

Por su parte, el director de Estudios, Francisco Llopis, ha explicado que “siendo el poblacional un criterio objetivo, ningún año a la provincia de Alicante le ha llegado lo que corresponde; ni siquiera en años como el 2008 donde se destinaron partidas por valor de 579,5 millones de euros, se llegó a cubrir las necesidades de nuestro territorio” a lo que ha añadido que “el déficit inversor es inexplicable, y junto al bajo nivel de ejecución de esas inversiones provoca que el Estado se ahorre la inversión y el mantenimiento posterior”.

Llopis ha querido destacar también la intensa reducción de las partidas territorializadas, es decir, los proyectos que ya tienen la inversión prevista. “Este año, por primera vez, más del 50% de los Presupuestos Generales, unos 11.000 millones de euros del PGE 2023, no tienen destino definido, lo que dista mucho de Presupuestos transparentes y sociales “.

Tanto INECA como CEV Alicante han destacado dos temas complementarios de mucha importancia que deben estar presentes en este análisis: la baja ejecución y la falta de información sobre los presupuestos.

Sobre el primer aspecto, Amirola ha puntualizado que tan importante como la inversión presupuestada es su grado de ejecución, ya que el problema de la baja inversión resulta agravado por la muy mejorable ejecución de estos presupuestos. Desde 2008, la media de inversiones ejecutadas por parte del Estado es del 42% en la provincia de Alicante. El año pasado se iban a realizar inversiones por habitante de 97,6 euros, pero la realidad ha sido muy diferente porque se habrán invertido finalmente 41 euros.

Sobre la falta de información, hay que incidir además en la complicación que supone recibir información detallada sobre el grado de ejecución de las inversiones que realizan en nuestro territorio. Las Administraciones Públicas, estatales y autonómicas, nos reportan documentos con un formato que dificulta el seguimiento y el control de las inversiones. El presidente de INECA ha reclamado “lealtad y transparencia a las administraciones que se comprometieron con nosotros en facilitarnos esa información detallada con el propósito de que fuéramos garantes de su inversión, y que a fecha de hoy no lo han hecho”.