La consellera anuncia cuatro nuevas oficinas Justiprop antes de final de año

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado que se van a poner en marcha durante los meses de noviembre y diciembre cuatro nuevas oficinas Justiprop en Monóvar, Castalla, Altea y San Joan que se sumarán a las 44 que tiene la Comunitat Valenciana.

Bravo ha expuesto este martes en Aspe el proyecto de Justicia Próxima, que ofrece asesoramiento judicial en las oficinas Justiprop e información sobre la mediación en las de Mediaprop. "Este proyecto nace para garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio. Queremos acercar la justicia a la ciudadanía y para ello el papel de los Ayuntamientos es fundamental", ha indicado.

La consellera se ha pronunciado así durante la clausura de la jornada 'Justicia Próxima', donde ha destacado que actualmente más de 600.000 alicantinas y alicantinos cuentan con servicios de justicia de proximidad, a través de las 16 oficinas Justiprop y 22 servicios Mediaprop ubicados en los distintos municipios de la provincia de Alicante, informa la Generalitat en un comunicado.

Bravo ha subrayado que es "fundamental garantizar el acceso a la Justicia como primer derecho, de ahí la importancia de los espacios abiertos en las oficinas municipales como servicios de orientación jurídica que faciliten a la ciudadanía toda la información sobre los recursos existentes para ayudarle a resolver sus problemas".

Además, ha indicado que para el ejercicio 2023 se mantendrá la dotación presupuestaria destinada al servicio de Justiprop, con 1,2 millones de euros, y ha resaltado que se aumenta en un 58,70 por ciento la línea destinada a la concesión de ayudas a los ayuntamientos y mancomunidades que quieran ofrecer los servicios Mediaprop, que llegará a los 1,7 millones de euros.

A su juicio, "la Administración de Justicia del siglo XXI no puede entenderse sin la Mediación, por la que la Generalitat está apostando de manera decisiva ya que este método alternativo de resolución de controversias es más rápido y económico que los procedimientos judiciales".