El asalto a la Constitución

En un estado Constitucional los poderes son limitados, están constituidos y su alteración sin seguir el procedimiento de reforma es una mutación constitucional. Ningún poder del Estado puede configurarse como ilimitado.

No puede el gobierno erigirse en poder constituyente y cambiar el texto constitucional y lo hace si desprotege a la constitución de los mecanismos que la defienden (supresión del delito de sedición). Asalta la constitución si modifica las mayorías necesarias para elegir a los miembros del CGPJ. Ataca la constitución si atenaza al Tribunal Constitucional para controlarlo.

La defensa de la Constitución es obligación de los poderes públicos y de todas las instituciones del Estado. El poder democrático lo es porque su ejercicio está sujeto al Estado de Derecho. Si se asalta el Estado de Derecho y se viola la Constitución, deviene la muerte de la democracia.

La ética pública, la lealtad constitucional y el respeto al ordenamiento jurídico obligan a todos los poderes públicos. La lealtad constitucional conduce a la prohibición de aquellas actividades que pongan en peligro el orden democrático liberal constituido por aquellos principios estructurales del Estado social y democrático de Derecho.

Las democracias en general están siendo amenazadas, este proceso de involución se inició con las medidas sanitarias contra el COVID

Cuando Pedro Sánchez tomó posesión como presidente prometió guardar la constitución y el resto del ordenamiento jurídico. También lo hicieron sus ministros y los diputados adscritos a los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno.

La deriva totalitaria que está tomando este gobierno es realmente preocupante.

Las democracias en general están siendo amenazadas, este proceso de involución se inició con las medidas sanitarias contra el COVID, según ha constatado la prestigiosa ONG IDEA que mide el estado global de las democracias.

En España, se sigue una particular deriva autoritaria de control de todos los resortes e instituciones del Estado, se hizo con el CIS, la Guardia Civil, el CNI. Ahora van a por el CGPJ y Tribunal Constitucional… no queda nada al margen del gobierno. Todo es controlado por éste. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano establece que una “Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”. Estamos viviendo una segunda Transición, pero en esta ocasión desde un modelo democrático a otro de futuro incierto. Aquí, como no despertemos, en dos días ni tenemos Constitución, ni tenemos derechos.