El informe que Puig ignoró y que advirtió del caos en la reversión de Torrevieja

El primero de los departamentos de salud que viene sufriendo el colapso y una falta de gestión es el Hospital de Torrevieja desde la reversión pública en octubre de 2021. Antes se trataba del modelo ejemplar de gestión público-privada. En cuestión de meses se ha ido degradando hasta que, actualmente, uno de cada cuatro pacientes se marcha del centro de salud sin ni siquiera llegar a ser atendido. "No hay médicos, no hay enfermeras, se está muriendo gente", alertaba hace tres días a ESdiarioCV la Plataforma de Afectados por la Reversión.

La auditoría de la Sindicatura de Cuentas advirtió de cómo la nueva gestión pública empeoraba las condiciones, pero desde la Generalitat se ha optado por guardar en el cajón el informe y no dar respuesta tampoco a las protestas de los sindicatos y los pacientes hasta el punto en el que en los últimos meses con asiduidad salen a la luz imágenes de pacientes viviendo en los pasillos de Urgencias, algunos de ellos en la calle, esperando días para ser atendidos. La Sindicatura muestra cómo las listas de espera han pasado de 30 a 115 días. La ratio de médico por paciente se desploma con hasta 1.500 tarjetas por facultativo, superando la media. Los objetivos cumplidos eran superiores a la media autonómica y con la gestión pública caen en picado. El empeoramiento de las condiciones laborales con un coste por hora de trabajo de 28'6 euros frente al 31'3 euros de media del conjunto de departamentos de salud de la Comunidad Valenciana

¿Cómo se ha llegado a esta situación extrema? No es ni mucho menos por falta de inversión, pues la auditoría destapa que ahora se gasta "45 millones de euros anuales" más que con la gestión de la empresa privada Ribera Salud. También el Informe de marzo de 2020 del Cuadro de Mando del Seguimiento del Gasto de la Generalitat Valenciana apunta a que la reversión ha generado un sobrecoste de más de 76 millones de euros.

La Sindicatura advirtió de una serie de inucmplimientos. "No se ha revisado la rentabilidad del proyecto por parte de un auditor externo consensuado por las partes". "La Administración no ha ejercido una tutela efectiva sobre el concesionario en materia de inversiones". Tampoco "autorizó formalmente el nombramiento del personal directivo". "La Administración debería haber incorporado en el contrato de concesión cláusulas que permitieran garantizar y evaluar unos determinados niveles de calidad", entre otros.

Ya entonces la Sindicatura instó a la Conselleria a "adoptar las medidas oportunas para garantizar un nivel asistencial óptimo en atención primaria, y en particular, atender las recomendaciones de las sociedades científicas en cuanto a la asignación de tarjetas sanitarias por médico", además de más procesos de inspección y control de calidad.

De este modo, la reversión pública se llevó a cabo sin ningún informe ni auditoría que avalase el proyecto por lo que la empresa privada recurrió sin éxito al TSJ el proceso. Una vez en manos de la Generalitat, la Sindicatura alertó de la degradación de todos los índices del hospital y emitió una serie de recomendaciones que a día de hoy siguen sin cumplirse.