La Diputación de Alicante no cesa en la lucha por el agua

La Comisión Técnica del Agua avala el recurso de la Diputación contra el auto judicial que deniega la suspensión cautelar del recorte del Tajo-Segura. El presidente de la Diputación, Toni Pérez, manifiesta, tras reunirse junto a la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, que el agua es uno de los grandes frentes: "Es una de nuestras mayores necesidades y por ello, no vamos a escatimar ningún esfuerzo en su defensa".

Los integrantes de la Comisión, a cuya reunión también han asistido los Servicios Jurídicos de la Diputación, consideran conveniente la presentación del recurso ante el Supremo, que debe plantearse antes del próximo 5 de septiembre, ya que el auto tiene "consecuencias negativas inmediatas" para la provincia de Alicante, tanto desde el punto de vista económico, como medioambiental y social.

Según Pérez, la elevación de 1m3/s del caudal ecológico del tajo supondrá un descenso del agua trasvasada al Segura, provocando pérdidas de más de 2.400 empleos y de más de 84 millones de euros, además de daños ecoambientales de difícil cuantificación.

Generalitat y Diputación, unidas

"Estamos alineados en la defensa del trasvase Tajo-Segura con la Generalitat Valenciana y vamos a ir de la mano, cada uno desde las posibilidades que le permita el procedimiento”. Explicaba Pérez.

En este punto, ha mostrado su desconcierto ante la política del Gobierno central en materia hídrica: "Mientras Europa es líder mundial en la lucha por la sostenibilidad y las regiones deben plantear una renaturalización del territorio, el Gobierno de España está llevando, con sus acciones y hechos, a convertir la huerta de Europa en el primer desierto de Europa”.

El Gobierno de España está llevando a convertir la huerta de Europa en el primer desierto de Europa

Durante la reunión de la Comisión Técnica se ha puesto, asimismo, de manifiesto que el hecho de que la Generalitat Valenciana, entonces gobernada por Ximo Puig, presentara la solicitud de medidas cautelares sin estar en consonancia con otras administraciones afectadas como la Diputación ha podido condicionar la respuesta del Tribunal Supremo.

En este sentido, han recordado que la petición de la administración autonómica no se acompañó de informes técnicos, como sí lo hizo la de la institución provincial, ni solicitó cautelares para el primer tramo de elevación de caudales.