Condenado un ex senador del PSOE a 4 años de cárcel por malversación

La Justicia ha condenado al histórico socialista José Joaquín Moya a cuatro años de prisión por malversación. El que fue diputado del Congreso, senador y alcalde de Bigastro por el PSOE se quedó parte del dinero de la subasta de un solar en 2007.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha dictado una sentencia condenatoria contra el exalcalde socialista de Bigastro, José Joaquín Moya, y el exsecretario-interventor de la corporación, Antonio Saseta, por su implicación en irregularidades relacionadas con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la creación de un nuevo sector urbanístico. Ambos han sido hallados culpables de delitos de malversación y prevaricación administrativa.

Según relata el fiscal en su escrito de acusación, los acusados se quedaron con parte del dinero que una empresa pagó al consistorio durante la tramitación de la subasta de un solar del municipio. El Ayuntamiento ofertó la parcela, de 30.000 metros cuadrados, en febrero de 2007 y la adjudicó en marzo del mismo año por 2.250.000 euros a una empresa que abonó el importe en varios pagos, según detalla la fiscalía.

En concreto, los dos acusados habrían dejado de ingresar al Ayuntamiento 26.000 euros que la empresa les dio en enero de 2007 para poder participar en la subasta. Además, según el Ministerio Fiscal, el entonces alcalde tampoco ingresó 44.440 euros que la adjudicataria le dio en marzo del mismo año y que también debían acabar en las arcas municipales.

La condena impuesta al exalcalde Moya incluye cuatro años, seis meses y un día de cárcel, así como 11 años, 3 meses y un día de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Por su parte, el exsecretario-interventor Saseta enfrenta dos años de prisión y cinco años de inhabilitación por malversación, además de cuatro años de inhabilitación por prevaricación administrativa por omisión.

El tribunal establece que Moya deberá indemnizar al Ayuntamiento de Bigastro con 162.000 euros, y ambos acusados conjuntamente deberán abonar otros 150.000 euros. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Supremo, marcando un hito en la lucha contra la corrupción y la mala praxis administrativa en el ámbito local.