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Juzgan al exalcalde de Santa Pola por prevaricación y negociaciones prohibidas

Miguel Zaragoza está acusado de cometer irregularidades en la concesión de una clínica privada a la que no cobraba impuestos y donde enchufó a su hermana pagándole sin trabajar.

Miguel Zaragoza, exalcalde del PP en Santa Pola.

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El exalcalde de Santa Pola junto a dos concejales se sientan en el banquillo acusados de varios delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas. Miguel Zaragoza, alcalde del PP entre 2003 y 2015 y diputado provincial, habría cometido presuntamente irregularidades en una concesión pública a una empresa a la que no cobraba impuestos y donde después enchufó a su hermana pagándole un sueldo sin ir a trabajar, según sostiene la Fiscalía.

Este lunes arranca el juicio que se extenderá hasta el 20 de febrero en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche. También juzgan a dos empresarios y tres empleados a los que el Ayuntamiento de Santa Pola otorgó la concesión de una clínica privada presuntamente de forma irregular.

Dicha clínica estaba ubicada en instalaciones municipales. Según mantiene la Fiscalía, el primer edil y las concejalías delegadas no vigilaron el cumplimiento de lo estipulado en el contrato de concesión ni velaron por el interés público. Tampoco exigieron que la mercantil pagara el canon anual establecido y adjudicaron a la empresa de forma directa del servicio de reconocimientos médicos de los funcionarios del Ayuntamiento.

Además, el Ministerio Fiscal les acusa de permitir que una de las procesadas, trabajadora de la clínica, hermana del exalcalde y pareja de uno de los exconcejales encausados, cobraba sin ir a trabajar. En 2018, al conocerse su imputación, Zaragoza dejó su acta de concejal y diputado.

Por todo ello, el Ministerio Público les acusa de varios los delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas y solicita provisionalmente para los acusados penas que oscilan entre los dos años y tres meses y los ocho años y cinco meses de prisión. Para los exrepresentantes públicos, la Fiscalía solicita además 10 años de inhabilitación para cargo público de alcalde, teniente de alcalde o concejal durante 10 años.

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