Anticorrupción remite al juzgado el proyecto del Centro de Inteligencia del Agua
El pasado mes de octubre, el PSPV en el Ayuntamiento de Alicante interpuso una denuncia contra la junta de gobierno local por una presunta "infracción urbanística grave".
Edificio de la plaza Séneca donde el Ayuntamiento de Alicante instalará el Centro de Inteligencia del Agua en imagen de archivo
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha remitido al juzgado de instrucción correspondiente el proyecto del Centro de Inteligencia del Agua, que se ubicaría en el antiguo parque de bomberos de la calle Italia de la ciudad de Alicante. Así lo indica el documento del ministerio público después de concluir su investigación sobre la ejecución de obras para habilitar las oficinas administrativas del Centro de Inteligencia del Agua.
El pasado mes de octubre, el PSPV en el Ayuntamiento de Alicante interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la junta de gobierno local por una presunta "infracción urbanística grave", por la ejecución de obras para habilitar las oficinas administrativas del Centro de Inteligencia del Agua en un suelo reservado a centro educativo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Los socialistas acusan al gobierno municipal de "falta de trasparencia"
Tras conocerse la decisión de la Fiscalía de trasladar el proyecto a un juzgado de instrucción, la portavoz adjunta del PSPV en el consistorio, Trini Amorós, ha sostenido que su grupo "advirtió al alcalde de la presunta infracción urbanística que se estaba cometiendo y se le exigió unas explicaciones que, hasta el día de hoy, no las ha ofrecido".
"Lo primero que hicimos fue solicitar al alcalde que paralizara las obras y diera explicaciones. Nunca tendrían que haber comenzado a ejecutar los trabajos sin aprobar antes una modificación puntual del Plan General para modificar el uso de ese suelo que, hoy por hoy, es incompatible con el mencionado proyecto", ha aseverado en un comunicado.
Asimismo, ha censurado que el equipo de gobierno, formado por el PP, "ni siquiera contestó a ese escrito", por lo que los socialistas interpusieron la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción
"Cualquier cambio de uso de suelo del Plan General se debe hacer con luz y taquígrafos, con la máxima transparencia y abordando dicha cuestión donde toca, que es el pleno. Sin embargo, ni la transparencia ni la participación son precisamente señas de identidad del gobierno del gobierno de Barcala", ha criticado.
Asimismo, Amorós ha recalcado que "no tiene sentido" que haya 47 modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y que, "en este caso, se hayan querido saltar todo el procedimiento administrativo para cambiar el uso del suelo".
"No podemos quedarnos de brazos cruzados si entendemos que se ha podido cometer presuntamente cualquier delito al infringir las normas urbanísticas. Hicimos lo que corresponde a la oposición, que es fiscalizar la acción de gobierno", ha zanjado.