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Juan de Oleza

Universidad histórica de Orihuela: Un enredo eclesiástico-municipal (V)

En el documento exponen: “Que la Diócesis de Orihuela-Alicante es propietaria del Colegio de Santo Domingo de Orihuela. Que la Generalitat Valenciana es la competente en la ordenación Universitaria en la Comunitat Valenciana, según la legislación educativa. Y que por todo ello...

Zaplana y el obispo

Zaplana y el obispo Victorio Oliver. 

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El 14 de enero de 1999 el director del Colegio Santo Domingo, Vicente Martínez Martínez, presentaba en el registro municipal una extraña y sorprendente solicitud al Ayuntamiento para “la cesión en uso de los terrenos que el Ayuntamiento posee en donde actualmente se encuentra parte de la llamada discoteca Momentos, así como el oportuno permiso municipal para derribar dicho edificio, con el fin de dar cumplimiento al convenio establecido entre la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento que V. I. tan dignamente preside y el Colegio Diocesano Santo Domingo”. Hay que señalar, de entrada, que no existía convenio alguno suscrito entre la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento y el Colegio Santo Domingo, sino una propuesta de acuerdo firmada por el alcalde de Orihuela, el rector de la UA y el obispo de Orihuela-Alicante. Además, formula la petición el director del centro cuando el documento inicial estaba firmado por el obispo. Tampoco puede entenderse desde la buena fe que el director del Colegio solicite la cesión de un espacio municipal y la licencia para el derribo de un inmueble cuando era el Ayuntamiento el obligado a construir en ese lugar un aulario, en virtud del documento suscrito por las tres partes intervinientes.

Apenas un mes después, el 17 de febrero, el presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y el obispo de la diócesis Victorio Oliver Domingo firman en la sala Villanueva del Colegio Santo Domingo un “Protocolo entre la Generalitat Valenciana y la Diócesis de Orihuela-Alicante para la concertación de actuaciones académicas en el Colegio de Santo Domingo”. En el documento exponen: “Que la Diócesis de Orihuela-Alicante es propietaria del Colegio de Santo Domingo de Orihuela. Que la Generalitat Valenciana es la competente en la ordenación Universitaria en la Comunitat Valenciana, según la legislación educativa. Y que por todo ello

Acuerdan

PRIMERO. La utilización de algunas de sus aulas, sin perjuicio de las actividades que actualmente se desarrollan en el Colegio, para que las Universidades del sistema universitario valenciano, puedan impartir estudios universitarios, recuperando así su antigua función universitaria.

SEGUNDO. Previamente a cualquier decisión, la Generalitat Valenciana deberá informar y recabar la autorización del Obispado sobre los estudios y actividades que se vayan a impulsar.

TERCERO. El Obispado igualmente podrá sugerir y aconsejar a la Generalitat Valenciana en función de los convenios que tenga firmados o pueda firmar la conveniencia de impartir determinadas disciplinas en el Colegio de Santo Domingo intentando recabar la autorización precisa de la Generalitat Valenciana.

CUARTO. Cualquiera de las Universidades de la Comunidad Valenciana, previo cumplimiento y conformidad del Obispado, podrá realizar en el Colegio de Santo Domingo actividades de extensión universitaria (cursos de verano, masters y otras actividades similares) así como la celebración de congresos, reuniones científicas y actos institucionales.

QUINTO. Una Comisión compuesta por un representante de cada Institución velará por el desarrollo y cumplimiento de este acuerdo.

SEXTO. Este acuerdo se firma por un tiempo de diez años que serán renovables. No obstante, en cualquier momento por causas graves ambas partes podrán denunciar y dejar sin efecto este acuerdo.

En el acto de la firma del documento –convocado por el Obispado la víspera y coincidente con el Miércoles de Ceniza- hablaron el presidente de la Generalitat y monseñor Oliver. Eduardo Zaplana dijo: “Estoy feliz de que en el Colegio Santo Domingo se puedan impartir titulaciones de las Universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche”. Manifestó también el presidente que “esta firma tiene una gran trascendencia e importancia” y, en relación con el contencioso interpuesto contra el acuerdo de la Universidad de Alicante y el Obispado para impartir clases de este centro en Santo Domingo, señaló que no se debe mirar al pasado sino al futuro. Lo importante –añadió- es que “El próximo curso el Colegio comenzará a albergar las disciplinas universitarias que tanto el Gobierno valenciano como el Obispado convengan. Una comisión mixta se reunirá en breve para que ambas instituciones aporten sus propuestas de estudios que se impartirán en la Universidad Histórica. Solamente tenemos un interés: que Orihuela pueda estar satisfecha”.

Por su parte, el obispo Victorio Oliver, que calificó el momento como “muy importante y de mucha transcendencia”, expresó su satisfacción porque, después de muchos meses de conversaciones, se había alcanzado un acuerdo que elogió sin reservas y se planteó “no saber” si estaba siendo “demasiado triunfalista” con su discurso. Se refirió el obispo al principio de diálogo y colaboración, propugnado por Pablo VI, en las relaciones con las autoridades legítimas y democráticamente constituidas para solucionar cualquier situación de conflicto, y quiso justificar su “honda satisfacción” por estampar su firma junto a la del presidente de la Generalitat “en un convenio que beneficia a esta institución que es el Colegio y también al pueblo de Orihuela”. Apoyó su reflexión en el Concilio Vaticano II “que propone un sabio consejo y una prudente orientación cuando a nosotros los obispos nos hablaba de la colaboración con la sociedad civil”. Tras dejar claro el prelado que la segunda parte de este principio de colaboración supone “la autonomía mutuamente reconocida, de modo que ninguna de las dos partes pierda ningún rasgo de su identidad ni se desdibuje su ser”, don Victorio miró al molt honorable para decirle que ya podía “presentir muy cercano el rumor de pasos nuevos, de voces, de sones de tunas por estos pasillos y estos patios de Santo Domingo”.

Recordó también el prelado que habían sido 200 años de silencio de estas voces universitarias y echó mano del profeta Isaías (cuyo pueblo había sido destruido, pero quedó un árbol aserrado del que un día brotó una rama verde) para rendir homenaje al arzobispo Loazes “que plantó también en su pueblo un árbol lozano y generoso, se apagó su verdor pero no murió del todo” y apostillar: “Esta tarde ha florecido no un tallo solamente sino muchas ranas pujantes”. No se olvidó tampoco Oliver de su predecesor Francisco Álvarez “que hizo las gestiones con las autoridades académicas y municipales de entonces,” ni de su obispo auxiliar y continuador del asunto, el oriolano Francisco Cases, para terminar señalando don Victorio que “aquel río que nació en 1991 eras un buen proyecto y por eso se ha convertido hoy en un ancho delta, gracias al trabajo de todas las partes y al compromiso de la Generalitat”.

“No tenemos nada que opinar ni qué decir sobre un convenio que firman dos instituciones por su cuenta: el Consell y el Obispado”

La parte más emotiva del acto fue cuando monseñor Oliver, con cara de pícaro, pidió permiso a Zaplana para contarle un sueño: “Hace meses soñábamos con esto. Acariciábamos el sueño de que el Colegio Santo Domingo fuera encuentro de las Universidades existentes en la provincia de Alicante. Y este sueño se ha visto superado. Estamos contentos. Hoy es un día grande para la Universidad, para la Iglesia y para el pueblo de Orihuela. Y si hay que brindar lo hago con añejo himno: ¡Gaudeamus¡….Estamos contentos”.

Preguntado en aquella fecha sobre el nuevo protocolo, el director del Secretariado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Alicante Miguel Richart se limitó a comentar sobre el nuevo protocolo que “no tenemos nada que opinar ni qué decir sobre un convenio que firman dos instituciones por su cuenta: el Consell y el Obispado”. Y el vicerrector de Estudios e Innovación Educativa Armando Alberola afirmó: “Desconozco el articulado del convenio, por lo que no puedo hacer una valoración, pero siempre hemos dicho que confiamos plenamente en el compromiso adquirido por el Obispado con la Universidad de Alicante y eso no ha cambiado. Deduzco que una cosas es el convenio que mantiene desde hace años la Universidad de Alicante con el Obispado y los derechos históricos que ha heredado esta Universidad y otra cosa aparte es el acuerdo que pueda firmar el Gobierno Valenciano con el Obispado, del que no tenía noticia”.

Por su parte, la Comisión Pro Campus señalaba que “la rectificación del Consell” llega tarde, “cuando ya ha hecho mucho daño a los intereses universitarios de Orihuela, a la economía de la comarca y a los intereses de los estudiantes y sus familias”. Como forma de compensación, Pro Campus exigía la reparación de los daños causados, proponiendo al Consell que demostrara su sensibilidad y lo tradujera “en nuevas titulaciones para el curso que viene, que dentro de ese nuevo marco de desarrollo universitario de Santo Domingo, vengan más titulaciones, tanto de la Miguel Hernández como de la de Alicante”. Y retaba al Consell a demostrar “su supuesto nuevo talante” propiciando el desarrollo y crecimiento universitario de Orihuela. En el comunicado difundido, esta comisión cívica manifestaba su satisfacción ante la rectificación que había llevado a cabo el Gobierno valenciano, aunque lamentaba que no se tratara de un logro del Consell (“No hay nada que agradecerle al Gobierno de la Generalitat ya que los derechos no se agradecen, se exigen”), para concluir con una dura crítica: “Resulta vergonzoso para un Gobierno que se dice de centro, y que asegura representar a todos los valencianos, el haber protagonizado un hecho tan ridículo, vergonzoso, absurdo y sectario”.

El acto de la firma del Protocolo entre el obispo y el presidente de la Generalitat fue recogido detalladamente por la publicación del Obispado Noticias Diocesanas (nº 37, 7-14 de marzo), abriendo la sección ‘Crónica Diocesana,’ con una fotografía del momento en el que monseñor Oliver y el presidente Zaplana estampaban su rúbrica en el documento. La columna de salida, titulada “Los pactos”, iba firmada por el vicario general del Obispado José Carlos Sampedro Forner quien no se andaba con rodeos:

Nuestros abuelos, los Romanos, conocedores y devotos del Derecho, siempre enseñaron que hay que cumplir los pactos: pacta sunt servanda.

Hoy tenemos muy borrada esta página del Derecho Romano. Con facilidad minusvaloramos los pactos, falseamos incluso los pactos firmados ante Notario, y rompemos al tropezar con el primer problema el pacto matrimonial.

Días atrás, ha sido noticia el Obispado por la firma de un pacto con el Presidente de la Generalitat Valenciana, referente a estudios y actividades universitarias en el Colegio diocesano Santo Domingo de Orihuela.

Nos alegra que este pacto sirva para cumplir y ampliar, de ninguna manera para romper pactos precedentes.

Nos alegra que la Ciudad de Orihuela recupere el rango universitario de Santo Domingo.

Nos alegra que la Iglesia pueda prestar este valioso servicio a la sociedad.

Nos alegra que los claustros de Santo Domingo sean lugar de encuentro de Fe y Cultura.

Nos alegra que el Derecho Romano mantenga todo su vigor en el cumplimiento de los pactos.

Me dicen que mi admirado P. Sampedro, licenciado en Sagradas Escrituras y doctor en Teología, profesor de Santo Domingo cuando los de mi generación andábamos por allí y una de las cabezas mejor amuebladas de la diócesis, se encuentra ya retirado en la Casa Sacerdotal. Voy a preguntar si está en condiciones de recibirme y, si así fuera, nos recrearemos en viejos recuerdos y le informaré también sobre lo mucho que han evolucionado las cosas desde que él era alguien en el Obispado. Tanto, que ni siquiera la Iglesia -¡ay!- respeta ya aquello del pacta sunt servanda.

Otrosí digo.- El documento final de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada en Roma entre el 2 y el 27 de octubre pasado, contiene 155 puntos. Tras una rápida lectura, he subrayado este párrafo para el caso que nos ocupa: “91. Hay casos en los que la legislación vigente ya prescribe que la autoridad está obligada a consultar antes de tomar una decisión. La autoridad pastoral tiene el deber de escuchar a los participantes en la consulta y, por consiguiente, no puede actuar como si no los hubiera escuchado. No se apartará, por tanto, del fruto de la consulta, cuando esté de acuerdo, sin una razón que prevalezca que debe ser convenientemente expresada (cf. CIC, c. 127, § 2, 2°; CCEO c. 934, § 2, 3°). Como en toda comunidad que vive según la justicia, en la Iglesia el ejercicio de la autoridad no consiste en la imposición de una voluntad arbitraria. En las diversas formas en que se ejerce, está siempre al servicio de la comunión y de la acogida de la verdad de Cristo, en la cual y hacia la cual el Espíritu Santo nos guía en tiempos y contextos diversos (cf. Jn 14, 16)”. Pues eso mismo: del dicho, al hecho.

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