Mónica Oltra se niega a pedir perdón a las monjas tras el varapalo judicial

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha dejado claro que no pedirá perdón por el traslado, en mayo de 2017, de 18 menores del centro La Resurrección de Segorbe. A una pregunta efectuada por ESdiarioCV en rueda de prensa, Oltra incluso ha afirmado que "hoy en día habría hecho exactamente lo mismo" después de las cosas "tan terroríficas" a las que apuntaba el informe de la Inspección de Servicios.

"Ante un problema de procedimiento en una balanza con un posible y documentado maltrato a los niños que vivían allí, una administración responsable, y yo como consellera, hoy en día habría hecho exactamente lo mismo", ha señalado Oltra, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anula la decisión de la Conselleria de trasladar a estos menores a otros centros de la provincia.

Es más, el fallo argumenta que la actuación de la conselleria constituyó “una vía de hecho de la Administración Valenciana”. Esto es, que el departamento de Oltra tomó una decisión injusta pese a que era consciente de ello.

Tal como adelantó este diario, el tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, que gestionaba dicho centro, señalando que la decisión de reubicar a los menores adoptada por la Dirección General de Infancia y Adolescencia no se formalizó "previo procedimiento administrativo alguno" y "se privó a la parte actora de toda posibilidad de defensa". Así las cosas, Oltra ha confirmado que volvería a realizar un acto en contra de la Ley si un informe de Inspección así se lo indica.

Oltra ha defendido que su departamento lo que hizo fue "reaccionar" ante el contenido del informe de Inspección y "al margen de cuestiones formalistas de un procedimiento administrativo, que es lo que ha entrado a valorar esta sentencia". Así, ha remarcado que no se condena en costas a la administración "porque ve que hay serias dudas de derecho que generan la difícil diferenciación del ámbito jurisdiccional civil y contencioso-administrativo".

La consellera ha explicado que a raíz del citado informe se decidió el traslado de los menores "hasta que se pudieran llevar a cabo las actuaciones administrativas para resolver los graves problemas que tenía ese centro", que "no se cerró" y a cuya entidad gestora se le siguieron pagando las mensualidades correspondientes a esas plazas hasta que se acabó el contrato.

"Debemos situar las cuestiones en el plano de lo real y la realidad es que se trasladó a los niños porque había un informe de Inspección de Servicios que relataba cosas propias de otro siglo, no propias de este siglo. Se trasladó a los niños porque la Conselleria tiene la competencia de protección de los niños y niñas en situación de desamparo que están tutelados por la Generalitat y una vez en un lugar que garantizaba su protección y seguridad, se siguió con todo el trámite administrativo", ha precisado.

Ha precisado que "se pagaron puntualmente las plazas de ese centro" hasta que acabó el contrato y en este momento "en el mismo lugar hay un concierto social con otra entidad que está gestionando ese centro de manera profesional y garantizando la seguridad y la protección de los niños".

Además, ha recordado parte del contenido del informe, que señalaba que "a los niños se les daba de comer comida en mal estado o caducada, se les llevaba a la mendicidad al supermercado para que les dieran la comida que el supermercado rechazaba porque la gente no la quería" o se les castigaba con "duchas frías en pleno invierno" o "sin comer". "Ante las aseveraciones que hace el informe de maltrato a los niños" se actuó, ha concluido.