Castellón paga el IBI a precio de Barcelona

Los populares de Castellón han comparecido en rueda de prensa para instar a la alcaldesa Amparo Marco, a bajar los impuestos y reducir la presión fiscal "para que empresas, pymes y autónomos sobrevivan a esta pandemia". La portavoz del Grupo Municipal Popular, Begoña Carrasco, ha lamentado que Castellón sea la segunda capital de provincia, empatada con Barcelona, que más IBI cobra por habitante con un total de 402 euros según la Airef.

Asimismo, ha defendido que la prioridad del equipo de gobierno municipal debe ser la de asegurar la pervivencia de pymes y autónomos en esta crisis, ya que "muchas familias no llegan a fin de mes". Para ello, reclama una bajada de los impuestos y destinar ayudas directas a los sectores más afectados utilizando los 35 millones que el consistorio dejó sin gastar en el año 2020. "Está claro que pueden bajar los impuestos si quieren, otra cosa es que antepongan las reformas de sus despachos como hacen. Es es caso de los 500.000 euros en despachos del Ayuntamiento o los 48.000 para acondicionar más despachos en la antigua estación de tren; más los 15,5 millones que destinarán al edificio de Borull ó 1,2 millones que se gastarán en la reforma de Correos ", señala Carrasco.

Por su parte, el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha respaldado el discurso de Carrasco asegurando que la salida de la crisis sólo será posible si se deja de "exprimir" a impuestos a los castellonenses. "Amparo Marco es la alcaldesa de la recaudación y del castigo fiscal a los ciudadanos. El maltrato que por parte de la Generalitat se está haciendo a la capital y a la provincia también es evidente. Desde que Puig es presidente llevan 382 millones más recaudados, un dinero que no se ha visto retornado ni en inversiones ni ayudas" sostiene Ibáñez.

Es por ello que los populares han anunciado que ya están trabajando en una nueva propuesta económica de ordenanzas fiscales para el 2022 que recoge una rebaja de impuestos. Desde el partido sostienen que la iniciativa es necesaria para cuando finalicen los ERTES el 31 de mayo y, en segundo lugar, porque el equipo de gobierno dispone de los recursos suficientes dada su escasa contribución presupuestaria durante el 2020. "Del 2011 al 2019 el gobierno municipal se dejó sin gastar 36,1 millones de euros que fueron a parar a los bancos por su incapacidad de ejecutar su propio presupuesto y porque la ley les obliga a amortizar deuda", apunta el concejal Popular Juan Carlos Redondo.

Carrasco ha recordado que desde incluso antes de declararse el estado de alarma tendieron la mano a Amparo Marco presentándole una serie de planes con medidas económicas y fiscales que ayudaran a afrontar la crisis