Castellón lleva 7 meses sin pagar la ayuda a domicilio con una deuda de 750.000€

Convertir los defectos en virtud. En muchas ocasiones, el entusiasmo o las ganas de querer cambiar las cosas suelen ser suficientes para lograr este propósito. No es el caso del Ayuntamiento de Castellón, aunque también lo han intentado hacer aplicando una filosofía política que dista bastante de la realidad. Mientras la alcaldesa socialista Amparo Marco lleva siete meses sin pagar a una empresa concesionaria dedicada a los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), en su faceta pública trata de abanderar una apuesta por el Bienestar Social con un supuesto aumento de 2,2 millones en la partida presupuestaria de 2021.

No obstante, este presupuesto ya debió estar aprobado el día 1 de enero de este año, pero por discrepancias internas entre socios - PSOE, Compromís y Podemos- no será hasta el 29 de agosto cuando se le dé luz verde, a escasos cuatro meses de acabar el año y tener que aprobar uno nuevo. A esto se le suma, además, que en noviembre comienza el proceso para justificar el gasto, por lo que resultará difícil que se pueda cumplir con el anuncio prometido.

Ahora bien, retomando los principios objetivos, la realidad señala que la deuda acumulada por el consistorio con la mercantil a la que se le adjudican tareas de asistencia vital a personas vulnerables (ducha, higiene, lavandería, compra…) podría ascender hasta el millón de euros. Como consecuencia de ello, la empresa ya ha anunciado que no podrá seguir pagando las nóminas de sus 59 trabajadores y trabajadoras, y otros 200 usuarios de la prestación en situación de dependencia también quedarán en el “limbo” a la espera de saber qué hará el equipo de gobierno.

Sin embargo, esta polémica ya viene de lejos. La compañía de asistencia social lleva sin contrato desde diciembre de 2019, cuando, después de 15 años prestando los mismos servicios para el municipio, el área técnica de la alcaldía “olvida” sacar a licitación o contratación dicha labor. Desde entonces, todas las facturas han pasado al reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) como solución por la cual se aplica al presupuesto la obligación de pagar gastos de ejercicios anteriores que no han sido debidamente adquiridos. Es decir, se utiliza un procedimiento alternativo para abonar las deudas no previstas en los fondos presupuestarios por inexistencia de contrato.

A través de esta fórmula se ha logrado abonar los compromisos económicos del ejercicio correspondiente al año 2020, pero ahora el interventor Ayuntamiento - persona encargada de control y la fiscalización de la legalidad de los gastos- no permite que se siga empleando el mecanismo de REC por temor a estar incurriendo en una ilegalidad y pide a la alcaldesa Amaro Marco que se sigan los procesos habituales de licitación.

No obstante, han pasado siete meses desde la advertencia (dos años desde la finalización del contrato) y el Ejecutivo sigue sin aportar ninguna solución. Lejos de ello, en un encuentro entre la concejala de Bienestar, Mary Carmen Ribera, y el Comité de Trabajadoras del SAD, la socialista ha optado por escudarse en la inexistencia de contrato para justificar que no se estén pagando las facturas, a sabiendas de ser los únicos responsables del mismo. Por su parte, las trabajadoras amenazan con ir a huelga si no se hace efectiva la deuda del millón de euros, teniendo en cuenta que esta misma empresa presta también sus servicios al centro de mayores Columbretes y Urbán.

En una consulta realizada por ESdiario al consistorio, se han negado a responder a las preguntas y remiten todas ellas a este breve escrito: “El servicio se encuentra fuera de contrato, por lo que se está preparando la licitación, que se espera que esté lista en un corto plazo de tiempo. Mientras tanto, se está estudiando la mejor fórmula para dar solución a esta situación. Los servicios de ámbito social son la prioridad para este Ayuntamiento y se seguirán destinando los esfuerzos necesarios a seguir manteniendo una atención de calidad a la ciudadanía”.

La concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón Susana Fabregat pide responsabilidades políticas a la alcaldesa Amparo Marco por la mala gestión en materia de bienestar social e insta a “dar una solución inmediata a los trabajadores esencial".

También recuerda que estos profesionales del Servicio de Ayuda Domiciliaria, ya fueron uno de los colectivos olvidados en los meses más duros del inicio de la pandemia, teniendo que hacerse sus propios equipos de protección individual (EPIs), para evitar contagios. "Durante toda la pandemia han asistido a las personas más vulnerables en unas condiciones realmente difíciles, exponiéndose diariamente al virus. No merecen que se les vuelva a dejar de lado sin percibir ingresos por la gran labor que realizan”, subraya la concejala Popular.

A este respeto lamenta que “quienes vinieron a rescatar personas están demostrando todo lo contrario. De momento solo se han rescatado a ellos mismos con subidas de sueldo del 50% nada más llegar al gobierno municipal e incrementando el número de asesores hasta contar con un ejército de 21 personas a su servicio”.