Una cruz y un mural desatan el enfrentamiento entre PSPV y Compromís

El malestar entre los socios de Gobierno en el Ayuntamiento de Castellón ha pasado a convertirse en un conflicto público y notorio. Dos departamentos consistoriales dirigidos por el PSPV y Compromís están escenificando una serie de desencuentros que ya se venían arrastrando desde el inicio de la legislatura. No obstante, es ahora cuando el área de Cultura, dirigida por la nacionalista Verónica Ruiz, y el área de Urbanismo, con el socialista José Luís López como máximo responsable, han decidido dejar de ocultar las desavenencias para pasar a culparse de una serie de controversias que mantienen a los vecinos de la ciudad en suspense.

El departamento de Urbanismo autorizó realizar unas obras en la fachada del edificio número seis de la plaza de la Paz de Castellón tras los ruegos de los propietarios de resolver las filtraciones de agua. Estos trabajos requerían intervenir sobre un mural que ornamentaba la finca desde el año 1986 y cuyo autor era Juan Ripollés, un pintor y escultor español de prestigio mundial que durante muchos años residió en la provincia castellonense. Al tratarse de una obra de arte ubicada en una pared privada, el encargado de Urbanismo requirió un informe técnico a la dirigente de Compromís al frente de Cultura, Verónica Ruíz, que acreditase la intervención. Este informe especificó que el mural de Ripollés ‘Tiriteros, Las niñas y los niños de Castellón a todos los niños y niñas del mundo’ “se encuentra en una pared de propiedad privada y que, efectivamente, ha de ser reparada”. Con esta frase, la fachada apareció sin el mural de la noche a la mañana bajo la perpleja mirada de los vecinos, quienes mostraron sus inquietudes en redes sociales contra la decisión de hacer desaparecer el mural. Desde entonces, PSOE y Compromís se culpan mutuamente de ser los causantes del incidente.

Pero este conflicto va más allá y se traslada también a la polémica retirada de la "cruz franquista" ubicada en el parque de Ribalta. Uno de los principales objetivos del tripartito de izquierdas ha sido el de acabar con la cruz del Monumento a los Caídos del Parque Ribalta, si bien este símbolo se resignificó en la sesión plenaria del año 1979 para que se convirtiese en un símbolo de concordia y homenaje a todas las víctimas de la violencia. La alcaldesa socialista Amparo Marco decidió en el año 2018 delegar todas las competencias al respecto sobre Verónica Ruiz, evitando así convertirse en promotora principal de la retirada. Sin embargo, la dirigente de Compromís ha optado por una nueva estrategia que volvería a trasladar la “patata caliente” al PSPV. Tan sólo un día después de lo acontecido con el mural de Ripollés, el área de Cultura ha pasado los documentos de intervención en la Cruz de Ribalta a Urbanismo para que sea José Luis López el que en última instancia firme el derribo y asuma las responsabilidades. Un compromiso que podría llevarlo hasta los Tribunales, ya que multitud de colectivos y organizaciones tienen preparadas demandas contra la retirada de la cruz.

El PP avisa de "prevaricación y falsedad documental"

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ya ha advertido que “la alcaldesa Amparo Marco está en riesgo de cometer prevaricación y falsedad documental si continúa adelante con sus planes de derribar la cruz del Ribalta. La decisión está basada en una definición que ignora conscientemente y a sabiendas la verdadera identidad del monumento, que no tiene nada que ver con la cruz de los caídos ni ninguna simbología franquista, sino que ahora es un mero símbolo religioso de homenaje y recuerdo a las víctimas de la violencia sin exaltación ideológica de tipo alguno. El que avisa no es traidor”.

Carrasco se ha pronunciado en estos términos después de conocer que la Concejalía de Memoria Democrática que también dirige Verónica Ruiz haya firmado la orden de derribo del monumento, y haya transferido la resolución al área de Urbanismo para que autorice y proceda a su ejecución.