Nomdedéu, a punto de ser juzgado en el 'caso de los sobres' de Compromís
El actual secretario autonómico de Empleo se sentará en los banquillos por un delito de malversación de caudales públicos por los que el PP pide 3 años de prisión
Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo
El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; la exvicealcaldesa de Castelló Ali Brancal; y el que fuera asesor de Compromís Miquel Torres serán juzgados a partir del 12 de enero de 2022 por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014.
Los tres acusados serán juzgados por parte de un jurado popular, que se constituirá el 11 de enero, según se indica en un auto de la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Castellón.
En noviembre de 2019 la causa fue sobreseída tras pedir la Fiscalía el archivo de la misma. El querellante -Partido Popular- presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba que se revocase el auto que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa y se acordase la continuación del procedimiento, al alegar que el resultado de las pruebas permitía concluir la concurrencia de todos los requisitos exigidos por el tipo penal objeto de querella -malversación de caudales públicos-.
La Audiencia de Castellón estimó el recurso del querellante al considerar que, examinada toda la instrucción seguida y las alegaciones de las partes, asiste la razón al recurrente, pues del resultado de las diligencias de investigación practicadas no es posible descartar la participación de los investigados en los hechos ilícitos denunciados, "pues existen suficientes indicios racionales de criminalidad para su imputación".
El juzgado consideró que procedía entonces acordar la apertura del juicio oral al considerar la argumentación contenida en el auto dictado por la Audiencia Provincial.
El PP pide por un delito de malversación de caudales públicos 3 años de prisión para Nomdedéu, Brancal y Torres, así como inhabilitación especial para el cargo o empleo público por un periodo de 6 años; y, además, solicita otros 3 años de prisión e inhabilitación especial por un periodo de 2 años para el secretario autonómico de Empleo por falsedad documental.
El ministerio fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, señaló que los hechos relatados no eran constitutivos de delito, y sin delito no hay autor, por lo que pedía la absolución de los acusados, al igual que sus defensas.