La Diputación de Castellón utiliza canales oficiales para fines partidistas

El equipo de Gobierno de la Diputación de Castellón, formado por el PSPV, Compromís y Podem, parece confundir lo que debería ser un canal de comunicación institucional con una herramienta para fines partidistas. Institucional es, o debería ser, las notas de prensa que las administraciones públicas remiten a los medios de comunicación a fin de dar a conocer las últimas novedades en la gestión, pese a que el gabinete del organismo provincial lo está utilizando como un medio del gobierno en exclusiva y con fines partidistas. No es que se limiten exclusivamente a hacer ‘autobombo’ de su gestión con adjetivos inusuales, sino que además aprovechan para atacar a la oposición.

Los ejemplos de ello son múltiples y variados, el último a cuenta de la aprobación de los presupuestos de 2022. La introducción del escrito que el gabinete de comunicación ha emitido a los medios comienza explicando que el presidente “progresista” de la Diputación de Castellón, el socialista José Martí, ha aprobado unos presupuestos que ascienden a los 177.876.325,36 millones de euros. Una cifra que inmediatamente después utilizan para compararla con las cuentas públicas de 2019, elaboradas por el anterior equipo del Gobierno, a fin de mostrar que ha habido un incremento del 24%, pese a que el mismo viene motivado en gran medida por la llegada de los fondos europeos.

En el desarrollo de la información también se exponen declaraciones del presidente, muchas de ellas con la clara intención de vanagloriarse de su propia gestión: “ Estos presupuestos reflejan la filosofía y las líneas estratégicas que inspiran la acción política de la coalición progresista que está al frente del gobierno de la Diputación”.

No en vano, cabe recordar que estos medios se encuentran financiados por recursos públicos y que la labor de redacción se encarga a empleados al servicio de las administraciones públicas. Por ello, no es la primera vez que la Justicia o el Defensor del Pueblo se han visto en la obligación de intervenir a fin de poner fin a este tipo de prácticas.