Caso Itziar: El Gobierno asume su culpa en el asesinato de las niñas de Castelló

El Gobierno de España admite que hubo un “fallo en cadena” de los ministerios de Interior y de Justicia en el asesinato de las dos niñas de seis y dos años a manos de su propio padre en septiembre de 2018 en Castellón, más conocido como el caso de Itziar Prats, la madre de las menores.

Los hechos ocurrieron cuando un policía llamó por teléfono a Itziar Prats a su casa de Castellón tras encontrar el cadáver de su exmarido, Ricardo Carrascosa, tirado en la calle. Se había lanzado desde la ventana. En el apartamento de él encontraron después a sus dos hijas, Nerea y Martina, de seis y dos años. Ambas estaban muertas. Las había asesinado su padre. Ocurrió después de que Prats reclamara en distintas instancias (el centro de la mujer, la comisaría, los juzgados) que protegieran a las menores tras las amenazas de su ex. Esta madre inició hace casi medio año una cruzada contra la Administración para intentar que se admitan los errores cometidos en su caso. Tanto los ministerios de Justicia e Interior descartaron esta opción.

Transcurridos tres años del trágico suceso, el Ministerio de Presidencia asume que el funcionamiento general del caso fue "insuficiente e inadecuado” y se encargará de la responsabilidad patrimonial reclamada por la familia de las menores asesinadas por su progenitor. La familia acusó al Ministerio de Justicia de “falta de diligencia” y al Ministerio del Interior de “aplicar protocolos obsoletos” para la valoración del riesgo y protección de las menores. Así, el Ministerio de la Presidencia, tras un dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha resuelto “que los dos departamentos citados han de indemnizar a la familia”. La indemnización estipulada es de 800.000 euros para Itziar Prats por la muerte de Martina y Nerea y de 100.000 euros para cada uno de los abuelos de las menores.

Asimismo, ha determinado que la imputación del daño no se puede concretar en una actuación específica ni en un órgano determinado, sino que se afirma que "el funcionamiento general de la Administración fue insuficiente e inadecuado".

La resolución de Presidencia, tal como adelanta El País y que se apoya en un contundente informe previo del Consejo de Estado, no solo admite ese fallo sistémico que acabó con el asesinato de las niñas. A lo largo de 22 folios alerta de que el peregrinaje que tuvo que hacer Prats le hizo perder la confianza en el sistema y desistir. Para el Estado, este desistimiento revela “un hecho de extraordinaria gravedad” que no debe emplearse para cuestionarla a ella sino para abrir una reflexión sobre las “gravísimas consecuencias que se derivan para las mujeres e hijos sometidos a violencia de género cuando la Administración de Justicia (el último resorte que les queda para buscar protección) desarrolla un funcionamiento que no está a la altura de los esenciales intereses que se le confían”.

PETICIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Además de iniciar este proceso en una actuación de oficio, el Defensor del Pueblo puso en marcha distintas actuaciones con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Interior, que culminaron en una batería de recomendaciones en las que se reclamaba un sistema específico de seguimiento integral para los menores, al margen del que ya existe para las mujeres.

Igualmente, se demandaron medidas de coordinación para que puedan integrarse las actuaciones de las distintas administraciones que atienden a las víctimas, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta los servicios sociales de comunidades autónomas o ayuntamientos.

También se pidió revisar la regulación del régimen de guarda y custodia y los regímenes de visitas de los padres condenados o procesados por violencia de género, considerando que "un maltratador no puede ser un buen padre", o permitir el empadronamiento de las mujeres y los niños en los centros de acogida o emergencia.

Además, se iniciaron actuaciones para que los puntos de encuentro familiar, que dependen de las comunidades autónomas, pudieran colaborar con la Justicia en los casos en los que detecten cualquier situación de riesgo para los menores. Los ministerios de Interior y el de Justicia han aceptado muchas de estas recomendaciones.