Abren diligencias penales a una concejal de Castellón por prevaricar

El Juzgado de Instrucción 4 de Castellón ha emitido un auto para iniciar las diligencias previas penales contra la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, Verònica Ruiz, de Compromís, por la decisión de retirar la Cruz del parque Ribalta de la ciudad de la Plana.

Según el documento remitido por la entidad que se ha querellado contra la concejala, la fundación Abogados Cristianos, el Juzgado de Instrucción considera que "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de un delito comprendido en el art. 757 de la Ley de enjuiciamiento Criminal -delito de prevaricación-, procede practicar según lo prevenido en el art. 774 del propio cuerpo legal, las diligencias conducentes a la determinación de la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas intervinientes y el órgano jurisdiccional competente".

La querella de Abogados Cristianos considera que la cruz del Parque Ribalta es “un símbolo religioso sin trascendencia política alguna” y un “ejemplo de perdón y reconciliación entre todos los españoles”. Abogados Cristianos recuerda que el monumento fue “resignificado” tras un acuerdo plenario de 1979.

Sin embargo, el gobierno de Castellón de la socialista Amparo Marco con Compromís y Podemos ha iniciado una cruzada -nunca mejor dicho- para quitar la Cruz con la excusa de que es un vestigio franquista -pese a que no tiene ninguna simbología de la dictadura- generando una agria polémica y una lucha entre partidarios y detractores en Casrtellón.

La querella de Abogados Cristianos argumenta que la Cruz, instalada en la posguerra, es un símbolo estrictamente religioso y no estaría afectado por la Ley de Memoria Histórica. Se trata de una cruz “de bella factura” con un “gran valor histórico-artístico”, señala el escrito.

La concejala de Compromís en Castellón, Verònica Ruiz, no es la primera vez que protagoniza titulares por su polémica gestión. Ya saltó a la fama por el reparto en los colegios de libros de temática LGTB en el que algunos de ellos incitaban a consumir droga o contenían expresiones malsonantes contra la Iglesia, o por adjudicar la gestión del Teatro del Raval a la empresa de su ex pareja por 505.000 euros, el doble de lo que costaba.