PPCV da trabajo a la ministra Alegría para que "no venga solo a pasearse"

El PPCV ha entregado en Castellón a la ministra de Educación, Pilar Alegría, un documento con los principales problemas del sistema educativo valenciano para que "conozca la realidad y no venga solo a pasearse".

La entrega del documento en mano la han realizado la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco; el portavoz de Educación en el Congreso, Oscar Clavell, y la portavoz de Educación en Las Cortes, Beatriz Gascó, durante la visita protocolaria de la ministra al Ayuntamiento de la capital de La Plana.

El texto es un decálogo donde se recogen "muchos de los problemas que afectan al sistema entre los que destacan infraestructuras, educación especial, el exceso de burocracia en los centros educativos, el incumplimiento de las sentencias, las denuncias de adoctrinamiento de las familias o la falta de libertad que padece la comunidad educativa", según ha explicado el PP en un comunicado, en el que añade: "Consideramos que todas estas cuestiones son de suma relevancia y la ministra debe conocerlas de primera mano".

Beatriz Gascó ha lamentado que "con dinero público la ministra venga a pasearse y hacer promoción de la alcaldesa de Castellón y no a preocuparse de los muchos problemas que tienen las familias, los alumnos y los docentes en la Comunitat Valenciana. Por eso desde el PPCV nos hemos visto obligados a entregarle un documento con los principales problemas para asegurarnos que haga los deberes y no venga solo a promocionar a políticos de su partido".

Por su parte Begoña Carrasco ha denunciado los "atrasos" en la adecuación y construcción de nuevos colegios en la ciudad: "Ni un solo colegio nuevo en más de siete años. El Pla Edificant, que da competencias a los Ayuntamientos, ha sido un engaño para las familias que, en Castellón, siguen esperado ver finalizada alguna de las cuatro actuaciones que han incluido en el Pla Edificant, de un total de 11 rehabilitaciones prometidas por el ya ex conseller Vicent Marzá con el mapa de infraestructuras escolares de la Generalitat presentado en enero de 2016".

DECÁLOGO

En esa línea, el documento del PPCV expone que "no se cumplen muchas de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)" porque la consellera de Educación, Raquel Tamarit, "considera que los jueces saben mucho de leyes, pero nada de educación".

Asimismo, denuncia que "no se han cumplido las recomendaciones del Sindic de Greuges para garantizar la neutralidad ideológica en las aulas" y que la "ley de plurilingüismo en la Comunidad Valenciana impone el valenciano en zonas castellano-hablantes y, en zonas valenciano-hablantes, castellano y valenciano no se dan de forma equilibrada".

El texto del PPCV también critica que la Conselleria de Educación, ha delegado la construcción de centros educativos en los ayuntamientos y "la gestión es tremendamente opaca" porque no se publica la relación de obras que se van a acometer y ningún consistorio sabe cuándo realizarán sus centros educativos". "De los 1.300 millones presupuestados, desde el año 2018 al 2021, solo se han ejecutado 170,38 millones", denuncia.

Por otro lado, señala que "el nuevo modelo de educación especial es incapaz de atender las necesidades de todos los miembros de la comunidad educativa" y que "se está sufragando con fondos europeos el coste de aulas de dos años para pagar el sueldo a funcionarios cuando ese dinero debería ir para sueldos de autónomos".

El PPCV asevera además que en la Comunitat "se ataca de forma constante la libertad de las familias para elegir centro, lengua y el tipo de educación".

Igualmente, denuncia que "se les encarga a los docentes numerosas tareas que no tienen nada que ver con sus funciones pedagógicas" y que "los nuevos currículums han generado un gran malestar entre la comunidad educativa" por su "enorme carga ideológica", así como que que "todos los años hay problemas en las pruebas de la EBAU con determinadas materias y muchos alumnos se sienten agraviados", por lo que reivindica "una prueba nacional única que ponga fin a esta situación".