PPCS lleva al Senado la supresión de autobuses "por atacar al mundo rural"

El PP de la provincia de Castellón ha llevado al Senado la supresión de autobuses que "impone" el Gobierno "a pesar de que esta decisión es un ataque al mundo rural y a la movilidad sostenible", mediante una batería de preguntas para saber qué informes técnicos son los que sustentan esta decisión y para conocer si es definitivo.

Según recuerdan los 'populares', el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera que ha dado a conocer el Gobierno recoge una reducción del número de concesiones de 79 a 22, así como una bajada del número de rutas de 966 a 510. El cambio supone que el número de municipios con parada pasa de 1.912 a 495 en el conjunto de España, mientras en la Comunitat Valenciana son 65 y ocho de ellos están ubicados en Castellón: Alcalà de Xivert, Barracas, Jérica, Rossell, San Rafael del Río, Torreblanca, Vila-real y Viver.

"Una vez más, el PSOE vuelve a hacer lo contrario de lo que dice al eliminar líneas de autobuses que son cruciales para luchar contra la despoblación así como para incentivar la movilidad sostenible", denuncia en un comunicado la senadora por Castellón y portavoz del partido provincial, Salomé Pradas.

A su juicio, la supresión de las líneas de autobús supone "un ataque sin precedentes a la supervivencia de la España despoblada, a la que el Gobierno abandona a su suerte al retirarle el único medio de transporte público con el que cuenta".

Y es que advierte que "no se puede defender que se está luchando contra la despoblación y al mismo tiempo privar deliberadamente de conectividad y recursos al mundo rural, pues impide tanto el acceso a servicios básicos para sus habitantes como la llegada de una parte importante de sus fuentes de financiación y supervivencia".

Además, la senadora alerta que hay municipios afectados en Castellón que no están ubicados en zonas de riesgo de despoblación y "también sufrirán la desaparición del autobús público". "El PSOE improvisa unas medidas de eficiencia energética que no consensúa con ningún afectado y a la vez elimina un servicio de transporte público que es ejemplo de buenas prácticas y eficiencia", insiste.