El Gobierno continúa sin pagar a la industria de Castellón por la cogeneración

El Gobierno de Pedro Sánchez debe 50 millones de euros en retribuciones por al cogeneración. Gran parte de la industria de Castellón, tanto cerámica como de papel o textil, emplea este mecanismo que permite transformar el calor residual de sus procesos de fabricación en energía, por las que las empresas reciben unas retribuciones.

Debido a los retrasos en los pagos, el portavoz de Medio Ambiente del PP en Les Corts, Salvador Aguilella, ha solicitado al resto de grupos parlamentarios que apoyen esta semana una propuesta de los 'populares' en la que se exige al Gobierno de Pedro Sánchez "desbloquear" los pagos a la cogeneración y poner en marcha el nuevo marco regulatorio "que lleva dos años de retrasos".

Aguilella ha explicado que "se trata de respaldar y promover el sector de la cogeneración en la Comunidad Valenciana. La propuesta, de vital importancia, impacta positivamente en el ámbito energético y en sectores industriales esenciales como el cerámico, la alimentación, la industria del papel, el textil, entre otros", según ha informado el PP en un comunicado.

Según ha apuntado, "el sector necesita seguridad jurídica y certidumbre regulatoria, y es imperativo que todos los grupos políticos en estas Cortes apoyen estos objetivos esenciales para la sostenibilidad y el crecimiento de la cogeneración en la Comunidad Valenciana".

El portavoz 'popular' ha explicado que los sectores productivos que utilizan la cogeneración están "muy preocupados por la incertidumbre y falta de seguridad jurídica que rodea a la cogeneración desde hace más de dos años". Por eso, solicitan la "convocatoria urgente" de la actualización de los sistemas retributivos y de las subastas de 1.200 megavatios "paralizadas desde 2021".

La propuesta, que se debatirá en el pleno de Les Corts de esta semana, reclama al Ejecutivo central la prórroga de dos años de la operatividad de las plantas hasta que se culmine el nuevo marco jurídico. "Muchas plantas están paradas porque han agotado su vida útil y no pueden instalar nuevas sin un marco jurídico para acometer inversiones de renovación tecnológica, lo que genera mayores costes energéticos y la emisión de más gases efecto invernadero a la atmósfera", ha añadido.

Por último, Salvador Aguilella ha manifestado que el Ministerio de Transición Ecológica, con su responsable Teresa Ribera al frente, "debe pagar lo que se les debe a las empresas. Acaba de publicar las retribuciones del segundo semestre de 2023 con diez meses de retraso y ya son más de 50 millones de euros de atrasos. Las empresas están financiando un lastre millonario por incompetencia o negligencia del gobierno de Sánchez".