Los "xiringuitos" políticos de Ximo Puig

En el lenguaje político español, el término “chiringuito” se utiliza de manera peyorativa. Sirve para denunciar la existencia de organismos, empresas o entidades públicas consideradas superfluas, costosas y carente de utilidad real mas allá de servir como un instrumento para el favoritismo político, el nepotismo o el despilfarro de recursos públicos. Conductas tipificadas como no ajustadas a derecho que pueden afear la gestión del Consell presidido por Ximo Puig durante sus ocho años de mandato.

El término viene al caso para designar parte del conjunto de los 48 entes públicos de cuando Ximo Puig fue presidente de la Generalitat. Los indicios de acciones reprobables detectados por la Intervención General y la Sindicatura de Cuentas en sus informes anuales anteriores a julio de 2023 han dado lugar a la puesta en marcha de una Comisión de Investigación en las Cortes Valencianas por iniciativa de PPCV-Vox, y una auditoria pública encargada por el Consell de Carlos Mazón destinada a detectar fraudes en las cuentas públicas y casos de corrupción. La Comisión ha echado andar esta semana, y hace dos el Consell puso en marcha dos concursos públicos para contratar sendas auditorias que investigarán los 48 entes públicos. Todo un conjunto de acciones para mostrar a la opinión pública la existencia de los “xiringuitos políticos” de la época de Ximo Puig. Y justificar las iniciativas legales por la abogacía de la Generalitat si hubiere caso.

La Intervención General de la Generalitat detectó en sus informes sobre el periodo anterior a julio de 2023, anomalías en el 90% del sector público autonómico, especialmente durante el último año de El Botanic. Indicios fundados de fraccionamiento de contratos, o litaciones públicas que incumplirán los límites del art. 118.1 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público. Las entidades públicas que más abusaron de esa práctica ilícita a la hora de contratar destacan, entre otros, el IVAJ, las Universidades Politécnica y Literaria de Valencia, la SGISE, el Consorcio de Museos de La Comunitat.

La suma detectada es relevante. Las consellerías adjudicaron por la vía rápida unos 17.589 contratos menores por un importe de 163,5 millones de euros entre 2019 y 2023. También, los informes de la intervención mencionan 1.045 contratos de trabajo sin la autorización de la Dirección General de Presupuestos. Y 247.000 contratos adjudicados 'a dedo', entre otras "irregularidades". Unas cifras abrumadoras para ser dadas a “dedo”. Cifras en metálico que acompañan a los indicios detectados en las relaciones de personal (RTP) donde aparecen duplicidades y contrataciones por justificar, como las detectadas en la SGISE durante el mandato de la exconsellera de justicia e interior Gabriela Bravo.

La iniciativa de llevar a cabo una auditoria pública fue aprobada el pasado 20 de marzo por el Consell con la finalidad de proteger las finanzas de la Generalitat. Una vez licitado el concurso público, ahora abierto, se auditarán las 48 entidades. Su objeto será, ente otros, la detección de irregularidades en los procedimientos de contratación y detección de fraude. Y el periodo contable podrá cubrir series temporales anteriores a julio de 2023 si así lo justifica el auditor. Los resultados comenzaran a conocerse durante la segunda parte de 2025 y 2026.

Al mismo tiempo, el pasado lunes en Les Corts arrancaron los trabajos de la comisión que va a investigar las irregularidades en la gestión del Consell durante el mandato de Ximo Puig. Su objeto de investigación son los "posibles fraudes" en el sector público detectados por la Intervención General y conocidos en sus informes a los que El Botànic no puso remedio. En la comisión de investigación, PP y Vox citarán a cuarenta altos cargos del gobierno de El Botànic. Por el momento no será citado Ximo Puig, aunque no es descartable según avancen los trabajos de la comisión. Solo hay que recordar que esta comisión de investigación surge a raíz de la revelación de presuntos "enchufes", "contratos a dedo" y "despilfarro" de los fondos públicos y personal durante su gestión al frente del Consell.

Por la comisión desfilarán 40 altos cargos de El Botanic, entre ellos destacan los exconsellers Vicent Marzà (Educación) y Gabriela Bravo (Justicia) junto a ex altos cargos como Mako Mira (Economía), José Mª Ángel (Emergencias), Enric Nomdedéu (Empleo), Anaïs Menguzzato (Ferrocarrils de la Generalitat), José Luis Pérez Pont (Consorci de Museus) o Empar Marco y Alfred Costa (À Punt). Los investigados serán citados a partir de septiembre. La comisión dispondrá de un año y medio para finalizar sus trabajos y elaborar un dictamen, con posibilidad de prórroga. Ese dictamen se elevará al pleno de Les Corts para su debate y votación, previsiblemente durante el primer semestre de 2026.

Los trabajos de ambas iniciativas -auditoria y comisión de investigación- serán conocidos por la opinión pública durante los años 2025 y 2026, con unas conclusiones que pueden abocar en una reprobación política pública de El Botanic. Una gestión que la calle Hospital, la sede del PSPV-PSOE en Valencia, se empeña en hacer pasar como “brillante” y “ejemplar”; se trata de la gestión de su anterior secretario general Ximo Puig que puede terminar con iniciativas legales, administrativas y penales, de la abogacía de la Generalitat en los tribunales valencianos. Iniciativas legales que tendrá que afrontar su nueva secretaria general, Diana Morant, por mucho que se dedique a lanzar “cortinas de humo” que le facilitan sus agentes infiltrados para tapar lo que no se puede tapar. Y si sigue de” lideresa” de la sucursal valenciana del PSOE, con toda seguridad los “chiringuitos políticos” de Ximo Puig le traerán desagradables consecuencias en mayo de 2027.