El poder del dueño de Mercadona hace que Rajoy reaccione al problema valenciano

La potencia empresarial y mediática de Juan Roig (el dueño de Mercadona) y el naviero Vicente Boluda (a la sazón conocido por muchos como expresidente del Real Madrid) puestos al timón de la protesta contra los agravios inversores en la Comunidad Valenciana han hecho mover ficha al Gobierno central. Ni el anuncio de la creación del “problema valenciano” que hizo hace meses Ximo Puig, ni la amenaza de “montar un pollo” de Mónica Oltra, ni las tronantes declaraciones del conseller de Hacienda Vicent Soler tras cada Consejo de Política Fiscal y Financiera han preocupado tanto al Ejecutivo central como la intención de los empresarios valencianos de encabezar y volcar el malestar de su Comunidad y las demás del Mediterráneo (Cataluña, Murcia y Andalucía) en un gran acto a celebrar el 3 de octubre esta vez en pleno Madrid.

El Corredor Mediterráneo aún no les une, pero ya les acerca. Y Mariano Rajoy ha tomado nota. Una novena es un período de nueve días consecutivos en los que se reza a una advocación religiosa. Pero también es el ordinal que nos dice cuántas visitas han hecho falta para que un ministro entienda que el rosario de protestas sobre el viacrucis de las infraestructuras valencianas no era sólo una treta de sus impíos adversarios políticos.

Íñigo de la Serna

A la novena, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, ha anunciado que los 62 kilómetros de línea férrea entre las ciudades de Valencia y Castellón tendrán una plataforma de doble vía de ancho internacional para AVEs que permitirá velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. O sea, que los trenes de pasajeros tendrán su propia vía, independientemente de la de ancho mixto o tres hilos actualmente en construcción, que en este caso sí compartirán los trenes convencionales y los de alta velocidad. De esta forma se eliminará uno de los principales cuellos de botella del Corredor Mediterráneo, un nudo por el que pasan a diario 80 trenes de cercanías, 30 de larga distancia, 15 de media, y 16 de mercancías. Con el ancho internacional se reducirá el tiempo de viaje entre Valencia y Barcelona -tercera y segunda ciudades más pobladas de España- de 3 a 2 horas.

Lo mejor del anuncio de De la Serna es que esta vez la decisión -según el ministro- ya está tomada, a falta de concreción en los PGE de 2018. Es decir, no parece un vago anuncio para acallar críticas, sino una medida cuantificada en 1.170 millones de euros, cuyas obras comenzarán en 2019. Año, por cierto, electoral. Y ésa es una clave de gran interés.

Elecciones, agravios y cifras

El PP perdió en 2015 la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos de las principales ciudades, y la Diputación de Valencia. En gran medida por los casos de corrupción que han afectado a los populares a nivel nacional y a escala autonómica. Pero las polémicas medidas adoptadas por el Consell de izquierdas que preside el socialista Puig en materia identitaria y de rescisión de conciertos educativos y conciertos sanitarios han hecho albergar esperanzas al PP de Isabel Bonig de recuperar el poder en 2019. Sólo había una gran pega que resolver cuanto antes: la sensación generalizada de agravio con otras comunidades y de olvido por parte del Gobierno que tienen los valencianos, especialmente en materia de infrafinanciación e infraestructuras, y a la que no son ajenos los potenciales votantes del PP.

Tan grande y unánime es esa sensación -basada en datos- que hasta el propio PP autonómico se sumó al “más absoluto rechazo” de las Cortes Valencianas a los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Un rechazo plasmado negro sobre blanco en una Declaración Institucional firmada por todos los grupos políticos, y que poca o ninguna gracia hizo en la madrileña calle Génova. Aun así, quienes más han hecho para conseguir la reacción de esta semana del Gobierno de Mariano Rajoy -que no puede prescindir del tradicional granero electoral valenciano en la actual coyuntura política nacional- han sido los empresarios valencianos liderados por Juan Roig y Vicente Boluda, que han organizado actos en favor del Corredor Mediterráneo en tres comunidades autónomas, y que han proyectado otro para octubre en Madrid.

Una presión que, por ejemplo, rehusó hacer Compromís en el Congreso de cara a los presupuestos actualmente en vigor, y que en cambio sí ejercieron en favor de sus territorios los diputados vascos y canarios. Hasta el propio De la Serna, crecido, le afeó al alcalde nacionalista Joan Ribó sus críticas al Gobierno en una de sus últimas visitas a la Comunidad Valenciana: “que Compromís hubiera hecho lo que tenía que hacer”, le espetó el ministro olvidando que el Gobierno tiene que ser justo con los territorios independientemente de su fuerza negociadora.

La relevancia del Corredor Mediterráneo es palmaria: las comunidades autónomas españolas a su paso suponen el 50% de la población del país, el 45% de su PIB, y reciben a la mitad de los turistas que vienen a España. Además el Puerto de Valencia es el primero de España en tráfico de contenedores, al menos hasta la reciente huelga de la estiba que tanto le perjudicó.

Del 1 al 3 de octubre

La protesta de los empresarios del arco mediterráneo, encabezados por Roig y Boluda, no ha sido desconvocada. Pese a la jugada del Gobierno se mantiene para el 3 de octubre, y se celebrará en Madrid en forma de concierto de final de gira, tras los celebrados en Murcia, Almería, Tarragona, Villena y Valencia. Está previsto que asistan 2.000 empresarios y directivos. Pero sólo dos días antes la Generalitat de Cataluña también tiene prevista una demostración de fuerza en forma de convocatoria de referendum.

Y, si hemos de hacer caso al conseller catalán de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, esa fecha servirá además para que el gobierno de Puigdemont dedica “cómo y quién habrá de gestionar” el Corredor a su paso por esa comunidad autónoma. Así ha saludado Rull, a golpe de tuit, el anuncio del ministro De la Serna de la construcción de la doble plataforma valenciana, que tendría el efecto colateral de trasladar el cuello de botella que ahora hay entre Valencia y Castellón al tramo entre Castellón y Vandellós que sólo dispone de la doble vía en ancho internacional.

Ministro valenciano

El título honorífico de ministro valenciano está vacante desde la retirada del primer plano político de José Manuel García-Margallo, madrileño de cuna pero con raíces políticas en Valencia y Alicante, por cuyas circunscripciones ha sido y es diputado, respectivamente. El cántabro Íñigo de la Serna, aunque sólo sea por horas de estancia en la Comunidad, lleva camino de poder reivindicar dicha condición. La de esta semana ha sido la novena vez que la visita, ora para anunciar, inversiones, ora para supervisar obras, ora para evaluar temporales. Pues bien, de tanto orar parece que la novena de De la Serna puede ayudar en un futuro a absolver a Rajoy en Valencia.