Le tocaba a Marzà: el TSJ vuelve a fallar en su contra

Ella con su cruzada contra la colaboración sanitaria público-privada, y él con el plurilingüismo, que en las últimas horas ha vuelto a sufrir un revés judicial. Y en teoría era el último cartucho de la Conselleria de Educación para no tener que retrotraerse al decreto de plurilingüismo del PP de 2012, al que se pretendía sustituir.

La cuestión es como un partido de tenis, para entendernos. Primero la conselleria saca un decreto de plurilingüismo que deroga el del PP de 2012 y prima a quienes estudien en niveles avanzados de valenciano con más horas de inglés. Una vez atendidas las previsibles demandas, el TSJ decide suspender cautelarmente el decreto y, como en “Regreso al futuro”, volver a 2012. La Conselleria envía al tribunal un escrito endonde justifica su decreto pero no dice cómo va a aplicar la suspensión cautelar, que era lo que se esperaba de ella por parte de la Justicia.

El TSJ espera un tiempo hasta que decide pedirle directamente a la Conselleria esa explicación. Entonces ésta sí que le envía un plan, que el TSJ considera que no cumple la suspensión en los términos acordados (aunque reconoce el esfuerzo de la Administración para “suavizar los efectos del decreto”), por lo que lo rechaza advirtiendo de que no se puede improvisar un modelo lingüístico educativo.

Por lo que, valiéndose del propio polémico decreto, los jueces explican la forma en la que se ha de cumplir su suspensión cautelar. Porque resulta que precisamente en ese decreto, en su disposición transitoria primera, se dice que “hasta la implantación del Programa de educación plurilingüe dinámico en cada nivel educativo, de acuerdo con el calendario de aplicación de este decreto, en los niveles no afectados se aplicarán los programas bilingües y plurilingües regulados por las disposiciones normativas vigentes a la fecha de entrada en vigor del decreto”.

O sea, “Delorian” puro, y vuelta de nuevo a 2012. Finalmente en Conselleria optan por recurrir ese auto de aplicación, y eso es lo que ahora el TSJ ha rechazado. Tan complicado como eso.

¿Efectos prácticos? Ninguno, de momento. Porque, en paralelo a esta controversia judicial, y para salvar el inicio del curso 2017-2018, la conselleria aprobó un segundo decreto (sólo para alumnos de 3 años) convalidado de urgencia por Les Corts, que está pendiente de otro examen judicial diferente, y al que no afecta la de momento última decisión del TSJ.

Cuestión aparte es el varapalo político que esta decisión del TSJ supone, no tanto para el conseller Marzà como para todo el Botànic, que en diversas ocasiones ha hecho suya en pleno la política lingüística del conseller de Compromís, y que el Consell considera nuclear en su acción de gobierno.