La consellera Salvador se "olvida" de la partida para pobreza energética
A la consellera María José Salvador se le amontonan los problemas en su departamento. La ejecución del presupuesto presenta un porcentaje muy modesto.
María José Salvador, ayer en las Cortes.
La hemeroteca no es la mejor aliada de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador. Buena parte de sus denuncias como aguerrida parlamentaria en la oposición se le tornan ahora en contra. Por de pronto, su departamento sólo ha ejecutado la mitad del presupuesto previsto, el 50,7%, según la cuenta general a diciembre de 2016.
Pendiente de solventar las huelgas que están indignado a los usuarios del metro en Valencia y del Tram de Alicante, el presupuesto para 2018 presenta un llamativo "olvido". La partida para la pobreza energética queda en 900.000 euros. Un cantidad sensiblemente inferior a los 6 millones de euros contemplados en el actual presupuesto.
Salvador dispondrá para 2018 de 388,4 millones de euros, un 9,4% más que en el actual ejercicio. Una "cifra historica" y "sin precedentes", según sus palabras. El presupuesto destinado a Vivienda y Rehabilitación asciende a 93 millones de euros. Destaca la inversión destinada a la reforma del parque público de vivienda con 13,7 millones de euros, mientras que para la ampliación del número de viviendas sociales se destina 10 millones de euros.
La consellera avanza que se comprarán viviendas por concurso público al tiempo que se firmarán convenios con entidades bancarias para cerrar acuerdos de alquiler social y ha recordado que la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por el Gobierno valenciano "ha permitido dar una solución habitacional a más de 1.000 familias en los siete pocos meses que lleva en funcionamiento" y han aflorado 4.000 viviendas de entidades bancarias. Por ello, ha lamentado el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de Rajoy de "frenar y atacar los derechos de los valencianos a una vivienda digna".
En este sentido, el popular Alfredo Castelló ha recordado que “el Consell Juridic hizo observaciones sobre la falta de constitucionalidad de varios preceptos, a los que no hizo ni caso. Ahora se queja la consellera por los recursos a dos leyes en las que precisamente en esas dos materias recurridas baja de manera escandalosa su consignación presupuestaria”.
Castelló sostiene que “los datos del Consell sobre vivienda son lamentables. Este Consell ha atendido 1.600 consultas y solo ha intervenido en 43 mediaciones de las que no sabemos cuántas han tenido éxito. 62.500 personas desahuciadas y solo 43 mediaciones”.
El portavoz popular resalta que, en el convenio del Plan Estatal de la Vivienda, ocho de cada diez euros los pone el Estado. Además, tratan de ocultar lo que está haciendo el Estado. Por ejemplo, el Estado pone 12 millones en ayuda al alquiler y la Generalitat cero y lo omiten.”
En su opinión, “la consellera no tiene ninguna credibilidad porque incumple presupuesto. En 2016, la cuenta general dice que la vivienda solo pagó el 22% de lo que tenía presupuestado. Eso no es gestionar bien. Cuando hablan de pobreza energética y no ponen nada están engañando a la gente”.
Pollo sin cabeza y 155
Antonio Montiel (Podemos) ha expresado su "preocupación" porque FGV, cuyo comité de empresa ha programado nuevos paros, sea "un pollo sin cabeza" y se ha mostrado preocupado también por el recurso del Gobierno ante el TC de la Ley por la Función Social de la Vivienda. En este asunto la diputada de Compromís, Cristina Rodríguez, ha pedido al Gobierno central que "no nos aplique el 155 de tapadillo y retire el recurso de inconstitucionalidad a la Ley por la Función Social de la Vivienda.