Nueva piedra en el camino para el inicio de À Punt

Fuego amigo para Empar Marco. Desde la Unió de Periodistes Valencians, la organización profesional que le acompaña a lo largo de su trayectoria profesional, le enmienda “la plana” al acordar que va a solicitar judicialmente la suspensión cautelar de la bolsa de trabajo temporal que se están desarrollando desde la nueva televisión pública que ella dirige.

Según denuncian, la bolsa de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunidad Valenciana, “vulnera el principio de igualdad" y “favorece” a los ex trabajadores de Radio Televisión Valenciana, Radio 9 y Canal 9. Una petición que se hará efectiva en el momento de presentar el recurso contencioso-administrativo.

La decisión se ha tomado en el seno de una asociación que con algo más de 800 afiliados es la mayoritaria de periodistas en la Comunitat. Tras dos horas y media de debate, ejercitaba su derecho a voto en torno al 15% del censo, en una asamblea extraordinaria que ha registrado muy baja participación. De los 117 votos registrados, 73 han sido a favor, 44 en contra y 2 abstenciones.

La causa de tan baja respuesta a la convocatoria hecha desde la Junta Directiva, habría que buscarla posiblemente, en el hecho que muchos de los socios de esta organización son antiguos trabajadores de RTVV que además ahora, forman parte de la actual bolsa de empleo convocada desde À Punt.

Una difícil situación que de facto divide al colectivo en el seno de La Unió. Por un lado se encuentran los periodistas que tras cuatro años de cierre empresarial decretado por el Consell de Alberto Fabra, ven ahora como la asociación a la que pertenecen, toma una decisión que va en contra de sus intereses. Y por otra, aquellos que no han trabajado en la antigua RTVV y que consideran que los baremos aplicados les perjudican.

Unos y otros, para hacer frente al recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de la bolsa de trabajo de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, que aprobaron en su día, van a tener que realizar una aportación económica extra para poder abonar el proceso legal. En caso de prosperar judicialmente la solicitud de suspensión cautelar, supondrá en la práctica, que la apertura de la nueva radio y televisión pública se siga retrasando e incluso se paralice sine die.

Desde esta asociación se asegura no obstante, que no se paralizaría la contratación de la programación externa, las obras de remodelación que se están haciendo en el CPP de Burjassot, ni la emisión. Algo este último de difícil sustento, si se tiene en cuenta que para emitir, aunque sea en pruebas como hace ahora la radio, se precisa de personal.

En todo caso, con el nuevo escenario, la Unió de Periodistes ha instado al consejo rector de la CVMC a iniciar los trámites para convocar "cuanto antes" un nuevo proceso de selección de personal que permita desbloquear la situación actual. De esta forma, la organización no "cierra la puerta" al diálogo con todos los actores implicados. El actual que ahora quiere invalidar, ha recibido 11.525 solicitudes.