la Fiscalía solicita de 6 años de prisión a Alfonso Grau
La sección de Delitos Económicos solicita seis años de prisión para el ex vicealcalde popular Alfonso Grau, por aceptar relojes de lujo de un contratista "a cambio de contratos".
Por delitos de blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho. Esta es la calificación provisional que ha utilizado la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía provincial de Valencia y que solicita seis años de prisión para Alfonso Grau, por aceptar relojes de lujo del contratista del Ayuntamiento, Urbano Catalán, administrador de la agencia de viajes Transvia.
En esta calificación, el ministerio público le atribuye al ex vicealcalde de Valencia Grau delitos de blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho, por el que además de la pena de prisión se le reclama también el pago de una multa de 75.000 euros.
Según se ha investigado en este procedimiento que instruye el Juzgado número 19 de Valencia, Transvia regalaba supuestamente a cambio de contratos con la administración, relojes de alta gama que el ex edil del PP en el ayuntamiento de Valencia cambiaba presuntamente, por otros de precio superior y abonaba la diferencia. Un procedimiento que constituiría un blanqueo de capitales. Los investigadores han podido rastrear esta actuación porque en los relojes figura el número de serie, que han podido cotejar en el establecimiento donde se hacían los cambios, y así comprobar el proceso.
Junto a Grau, que también esta investigado en el conocido como caso Imelsa, está procesado en esta causa, el empresario Urbano Catalán, responsable de Transvia y Viajes Privilege, que gestionan el 'bus turístic' en la ciudad. Para él, el fiscal reclama una pena de un año de cárcel por cohecho.
Las diligencias se abrieron a finales de 2015 cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra ambos investigados, término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Grau y el empresario Urbano Catalán fueron detenidos el pasado 22 de febrero y quedaron en libertad con cargos tras pasar ante la Guardia Civil, donde no declararon.