Reglamento Ómnibus: Nuevas oportunidades para el mercado de frutas y hortalizas
La entrada en vigor del Reglamento Ómnibus pretende simplificar la PAC con mejoras en cuatro áreas: pagos directos, organización del mercado, desarrollo rural y regulación horizontal.
Las nuevas medidas son consecuencia del acuerdo alcanzado en el Reglamento Ómnibus cuya publicación está prevista para el mes de diciembre de este año y entrada en vigor en enero de 2018. El reglamento se denomina así porque se ha aprovechado para modificar no solo aspectos financieros del presupuesto de la UE, sino también cuestiones de regulación sectorial, entre las que se encuentran las agrarias.
Para las frutas y hortalizas en particular significa la posibilidad de utilizar nuevas medidas de prevención y gestión de crisis: la constitución de fondos mutuales, el coaching o asesoramiento a productores individuales o a otras organizaciones de productores, y la diversificación de mercados. Sobre todo esta última tras el cierre del mercado ruso puede permitir consolidar nuevos mercados con ayudas comunitarias.
Los cambios se incluirán en una nueva reforma del actual Real Decreto de Programas y Fondos Operativos español (RD 533/2017, publicado en mayo de 2017), donde se articularán las condiciones en las que será posible ejecutar este tipo de actuaciones, que se suman a las ya actualmente previstas: retiradas de producto con destino a alimentación animal, o a organizaciones caritativas, y cosecha en verde y no cosecha. Estas medidas tienen por objeto en cada campaña ajustar la oferta a la demanda, permitiendo sacar productos de la venta y llevarlos a los destinos no comerciales citados, recibiendo por ello una compensación comunitaria, que por ejemplo en el caso de los cítricos se sitúa sobre los 21 cts euro/kilo.
Igualmente admitir que la ayuda financiera comunitaria sirva para la constitución de fondos mutuales permitirá compensar las liquidaciones en situaciones de mercado adversas con cargos a los fondos operativos, lo que implica una ayuda comunitaria del 50 % sobre los fondos utilizados. El nuevo Real Decreto también deberá definir las condiciones para poder hacerlo.
La Comunidad Valenciana es la primera de España por número de organizaciones de productores. Actualmente están reconocidas unas 125 entidades, mayoritariamente sociedades cooperativas, de las cuales 105 tienen un programa y un fondo operativo aprobado. Los Fondos operativos constituidos por las organizaciones de productores valencianas alcanzan los 1.000 millones de euros en 2017, con una ayuda comunitaria que oscila entre los 38 y los 40 millones de euros anuales. De este total, aproximadamente un 12 % es la cantidad que se destina a operaciones de prevención y gestión de crisis.
Las organizaciones de productores tienen por objeto precisamente concentrar oferta y alcanzar economías de escala en el mercado. Sin embargo, para conseguir estos fines les ha estado vedado llegar a acuerdos sectoriales para p.e. fijar precios mínimos o cantidades máximas de venta, que dejaran mayor margen para el productor, porque la Unión Europea considera que estas prácticas limitan la competencia.
En este sentido, también recientemente se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre prácticas que podían conculcar la política de competencia, y ha aclarado que los acuerdos en materia de concertación de precios y cantidades en el seno de una misma organización de productores (OP) o de una misma asociación de organizaciones de productores (AOP), si responden de forma proporcionada a los objetivos asignados a dicha organización o asociación, son prácticas permitidas, pero prohibidas si se ejecutan entre varias organizaciones de productores agrícolas y asociaciones de dichas organizaciones. La consecuencia de que un Tribunal sentencie que un acuerdo va contra la política de competencia son multas millonarias a los operadores concernidos en el sector.