El Consell niega ayudas directas a Cruz Roja que mantiene con UGT y CCOO

Los presupuestos del Consell de Botànic tienen como eje principal "rescatar personas", pero no todas son iguales. Las cuentas para 2018, que se aprobarán el 21 de diciembre, la misma fecha que las elecciones catalanas, no contemplan ayudas nominativas a entidades con fines sociales como Cáritas, Cruz Roja o Banco de Alimentos. En cambio, las organizaciones sindicales o las empresariales, sólo las mayoritarias, sí recibirán subvenciones "directas". El reparto está caldeando el ambiente político, sindical y social.

El Ejecutivo de Puig y Oltra suprimió hace ahora un año ayudas de corte social cuyo beneficiario tienen nombre y apellido La vicepresidenta argumentó que así se evitaba el «clientelismo» que, a su juicio, practicaron los gobiernos del Partido Popular. «Ahora se sacarán convocatorias públicas para que todo el mundo pueda acudir», sostuvo Oltra.

La portavoz popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha propuesto, en una enmienda a los presupuestos de 2018, que se recorte en algo más de un millón de euros una de las líneas de ayudas previstas a la empresa privada AirNostrum. Ese dinero iría destinado a Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos y FASP.

La firma de los aviones sí se beneficia de ayudas finalistas, al igual que los sindicatos y las entidades empresariales. Ello es así por la Ley de Participación Institucional que aprobó en su día el gobierno de Alberto Fabra, pero que ahora los populares quieren modificarla al beneficiar sólo a los"grandes".

La citada Ley, de 2 de abril, diferencia dos tipos de compensaciones económicas a estas entidades sindicales y empresariales: En el artículo 8, se indica que para el caso de la “participación institucional”, las compensaciones se establecerán en las leyes de presupuestos de la Generalitat, así como que dichas compensaciones económicas tendrán la consideración de subvenciones nominativas directas. Pero en el artículo 9, se concreta que para otras subvenciones de “colaboración institucional”, el procedimiento se tramitará preferentemente en régimen de concurrencia competitiva.

Por otro lado, el Tribunal Supremo dio la razón a otros sindicatos, CSIF, USO, SI e Intersindical, que alegaban una vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad sindical” porque la citada Ley “no establece criterios equitativos para regular esta participación” y sus subvenciones asociadas, sino que “determinaba una exclusividad por UGT y CCOO”.

Y algo similar ocurre en la actualidad con las organizaciones empresariales. Al extinguirse la CIERVAL, si bien la CEV es la mayoritaria, hay otras asociaciones que no se han integrado en ella y, por tanto, también podrían ser consideradas a efectos de la participación y colaboración institucional y en cuanto a las subvenciones asociadas a ello.

El proyecto de presupuesto contempla tres líneas, por concesión directa, 800.000 euros a la CEV, y otro tanto a UGT y a CCOO, en concepto de “compensación económica participación institucional”, es decir, de acuerdo a lo que establece el artículo 8 de la Ley 7/2015 al ser los “más representativos”.

Existe otra línea en la que se presupuesta, en este ocasión por concurrencia competitiva, 600.000 euros para todas las organizaciones sindicales y empresariales (hay que entender que también para UGT, CCOO y Asociación Valenciana de Empresarios) de acuerdo a lo que prevé la citada Ley 7/2015.

El PP quiere que se incremente esta última partida en 300.000 €, pasando de 600.000 a 900.000 euros a costa de reducir en 100.000 euros las ayudas directas a UGT, CCOO y a la Asociación Valenciana de EmpresariosCEV, con lo que el “reparto”de las ayudas supuestamente sería más equitativo. UGT percibiría 700.000 euros por concesión directa de los 800.000 euros asignados al igual que CC OO y CEV.

Además a lo sindicatos mayoritarios y a la patronal se les asigna otros 200.000 euros, también en régimen de “concesión directa”, para la “realización de acciones en materia de prevención de riesgos laborales . El principal partido de la oposición defiende que ese total, los 600.000 euros, sean tramitadas, como dice el artículo 9, en régimen de concurrencia competitiva, pudiendo optar a ellas, igualmente para realizar acciones en materia de prevención de riesgos laborales, todos los sindicatos y organizaciones de la Comunitat.

Por de pronto, CSIF, Sindicato Independiente, Intersindical y USO se han unido contra el reparto que defienden PSOE y Compromís. En Podemos, aunque sustenta al Gobierno del Botánico, existen dudas al "marginar" a los sindicatos minoritarios. Intersindical es el sindicato de cabecera de Compromís. El malestar de sus dirigentes con el grupo parlamentario nacionalista va creciendo. Habrá que ver si finalmente, el Consell de Oltra cambia finalmente la distribución de las subvenciones.