9.000 agricultores temen por sus tierras con la nueva Ley de la Huerta

Con desconcierto y temor. Así se está recibiendo desde un sector del campo valenciano la tramitación de la futura Ley de l’Horta a la que se opone la principal organización agraria de la Comunidad por considerar “que sólo sirve para poner más trabas a los labradores, en lugar de ayudarles a conservar la huerta y a mantener activos los campos”. Una norma impulsada desde los partidos que sustentan el Consell y que ha recibido el voto en contra de PP y Ciudadanos.

Esta es la percepción que están registrando desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) en las reuniones informativas que están realizando, la última hoy mismo en el Puig, con agricultores de los 4o municipios del área metropolitana de Valencia y comarca de L’Horta afectados por la nueva normativa. En la actualidad la huerta cuenta con 9.000 agricultores activos. En un 90% son pequeños labradores tradicionales, con una media de 63 años y otros muchos ya jubilados. Sólo un 10% son agricultores profesionales.

Un texto que “curiosamente” no ha sido impulsado desde la Conselleria de agricultura, sino desde la Conselleria de vivienda, lo que a juicio del responsable de estudios técnicos de AVA José Francisco Sales “ya evidencia que el impulsar el cultivo de la tierra que hemos aprendido de nuestros antepasados, no es ninguna prioridad”. Al contrario, “bajo una falsa apariencia de función social lo se pretende es crear una zona verde, mantenida y pagada por los agricultores, sin obtener ninguna compensación económica y bajo amenaza de perder sus tierras”.

En la nueva Ley el agricultor tendrá que hacerse cargo del coste de cuidar el patrimonio hidráulico, arquitectónico, cultural y paisajístico de la huerta y “encima no podrá decidir el cultivo que planta en su huerto porque lo decidirá un órgano gestor que además podrá expropiarles las tierras si no las cultivan”. Una opción que desde AVA considera “un error muy grave” y atentatorio contra la propiedad podría conllevar una “cascada recursos contencioso administrativos por imponer una actividad que no es rentable los propietarios del suelo, que justifique incluso actuaciones expropiatorias”.

Desde el grupo parlamentario popular en Les Corts ya se ha anunciado llevará ante el Tribunal Constitucional la Ley de la Huerta al considerarla "confiscatoria e inconstitucional" porque "expropia propiedades y promueve los arrendamientos forzosos".

Según el detallado informe técnico realizado por esta asociación que representa a 22.000 agricultores, primero se debería aprobar un Plan de Desarrollo Agrario antes de la aprobación de la Ley con medidas de impulso y ayuda a la huerta, en lugar de empezar “la casa por el tejado al poner trabas y amenazas” y que sólo conseguirán que el agricultor “tire la toalla antes de hora en unas producciones que en muchos casos ya no son rentables”.

Con el fin de garantizar el futuro de las 22.900 hectáreas actuales de huerta, sería preciso un plan agrario dotado con un mínimo de 37 millones de euros para mejoras de estructuras, consolidación de marca, beneficios fiscales, modernización etc. Esto es, una cantidad equiparable a una supuesta inversión de 2 euros al mes durante un año, por el millón y medio de habitantes que viven en el entorno de la huerta.

Para AVA resulta cuestionable que se hable “tanto de la huerta” sin tener en cuenta que se trata de una actividad económica de la que viven miles de familias. “Como siempre, se quiere empezar la casa por el tejado, porque brilla por su ausencia un informe técnico previo de viabilidad de las explotaciones agrarias actuales”. La prueba según denuncian, es una ley que nace “sin un solo euro de presupuesto”.

El agricultor no es tenido en cuenta

Parte de los “entrebancs” que tendrán los agricultores para seguir manteniendo la producción en sus tierras son además “no poder plantar libremente lo que decidan, no sobre el sistema de regadío o tener que solicitar permiso para ubicar cualquier infraestructura en su parcela como un invernadero”

No obstante, todo y ello, a juicio de Cristobal Aguado “es inconcebible y una auténtica irresponsabilidad que este proyecto además haya llegado a les Corts sin un mínimo grado de consenso previo y sin que se haya tenido en cuenta en ningún momento a quienes cultivan y mantienen la huerta, ni a sus representantes sindicales”.

Tanto por registro de entrada de fecha 28 de octubre de 2016, como en reuniones mantenidas con la consellera Elena Cebrián, AVA-Asaja ha presentado varias alegaciones y observaciones a la Ley “sin que se haya tenido en cuenta ni una sola palabra”. Si a otros sectores económicos les impusieran las trabas que quieren para los agricultores, continúan “muchas empresas se irían de la Comunitat Valenciana”.