Guerra del cava: Rajoy no quiere molestar a los catalanes y atrasa su decisión

El Ministerio de Agricultura ha ampliado en diez días hábiles el plazo de resolución para fijar para el año 2018 la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, resolver las solicitudes de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación.

El motivo oficial: la imposibilidad de estudiar y elevar una propuesta ante la cantidad de información recibida de las distintas comunidades autónomas y Denominaciones de Origen (DO). La DO CAVA afecta a 8 autonomías, solapándose en ellas con otras DO vitivinícolas y la decisión vincularía a los 157 municipios que integran la D.O. cuyo desglose provincial es: Álava 3, Badajoz 1, Barcelona 63, Girona 5, La Rioja 18, Lleida 11, Navarra 2, Tarragona 51, Valencia 1 (Requena) y Zaragoza 2. El motivo extraoficial: el gobierno Rajoy no quiere tomar una decisión hasta pasado el 21-D, fecha de las elecciones catalanas.

El plazo de la decisión ministerial, fijado para el 15 de diciembre de 2017, está determinado en el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola y desarrolla lo contenido en el artículo 63 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre que prevé un mecanismo de salvaguardia para nuevas plantaciones, en virtud del cual cada año se deben poner a disposición autorizaciones para nuevas plantaciones correspondientes al 1 % de la superficie plantada de viñedo, pero se da la posibilidad de aplicar un porcentaje menor a nivel nacional si se justifica debidamente. Este régimen se aplicará desde la entrada en vigor del Real Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2030.

El artículo 6 del citado Real Decreto establece que cada año el Ministerio de Agricultura fijará la superficie que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones y que deberá ser superior al 0 % y como máximo del 1 % a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio del año anterior. Esto es así, por normativa comunitaria.

Igualmente de conformidad con el apartado 3 del artículo 66 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 se podrán restringir las replantaciones de viñedo si la superficie a replantar puede optar para la producción de vinos con una Denominación de Origen Protegida, donde se ha aplicado una limitación de concesión a las nuevas plantaciones y para la que se ha realizado una recomendación, justificada por la necesidad de evitar un riesgo bien demostrado de devaluación significativa de una Denominación de Origen Protegida.

Esta es la postura de la DO Cava controlada en un 95 % por viticultores catalanes. Frente a ella las CCAA de Extremadura y fundamentalmente la Comunidad Valenciana con 4.000 hectareas de viñedo para cava que considera que su producción se destina básicamente a la exportación y que no se perturbaría el mercado nacional, por lo que no ven necesidad de limitar la superficie, si hay potencial de crecimiento. A nivel nacional en 2016, la producción de cava aumentó un 6,5% e incrementó unas 200 nuevas hectáreas de viñedo, mientras que el consumo creció únicamente un 0,42%.

Hasta ahora, y si no hay cambio de postura, la posición del Ministerio de Agricultura había sido no poner restricciones adicionales a las del conjunto del sector, lo que supondría un incremento de unas 170 hectáreas (0,5% de la extensión total de 34.000 hectáreas), una cifra intermedia que no contentará a ninguna de las dos partes.

En cualquier caso, para la Comunidad Valenciana el problema podría estar tanto en las nuevas plantaciones como en aquellas solicitudes de cambio varietal hacia variedades para cava, que están en trámite de reconversión o reestructuración varietal con ayudas comunitarias, y que se verían afectadas por esta prohibición sobrevenida no contemplada en las previsiones de inversión.

En la audiencia previa a la resolución, la Generalitat Valenciana informó al Ministerio que las peticiones en trámite de Requena suman algo más de 1.500 hectáreas: 816,3 hectáreas de autorización de nuevas plantaciones y 692 ha de reconversiones varietales en curso hasta el primer semestre de 2018. En juego está el proceso de expansión de grandes bodegas valencianas, la cosecha de los viticultores e inversiones estimadas en unos 5,6 millones de euros, según la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena.