Educación improvisa: Ahora exige una auditoria a los colegios

Todo un año ha tenido la conselleria de Educación que dirige el nacionalista Vicent Marzà para avisar a los colegios, que a final del año tendrían que dar cuenta de sus movimientos económicos y contables. Pero la máxima autoridad educativa de la Comunidad Valenciana ha preferido esperar a unos días antes del fían de 2017 para comunicar esta nueva obligación a los colegios, según denuncia el sindicato CSIF.

Esta organización expone que la conselleria ha enviado un extenso cuestionario de 100 cuestiones a responder a los centros educativos para evaluar su gestión económica y con la “advertencia” añadida que esta será controlada por Hacienda.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que este cuestionario con alrededor de un centenar de preguntas “constituye, en la práctica, una auditoría”. Educación la califica de “autoevaluación”, aunque advierte de que “servirá de base para una posterior revisión por parte de Inspección Educativa y de control financiero de Conselleria de Hacienda”. Y lo hace ahora “sin aviso previo y en una quincena repleta de actividades y exámenes”.

El sindicato lamenta “la falta de previsión” por parte de la Administración, ya que envía el cuestionario dos semanas antes de Navidad, cuando los centros organizan múltiples actividades. A ellas se suman las juntas de evaluación, entrega de notas, los consejos escolares, o los claustros. CSIF considera que hubiera resultado más “lógico” informar y remitir el cuestionario al inicio de curso para que los centros pudieran haberlo planificado y previsto.

CSIF recuerda la situación de sobrecarga burocrática que sufren los docentes por parte de Conselleria de Educación, que aumenta debido a la falta de personal administrativo en los centros de Infantil y Primaria, por lo que el equipo directivo se ve obligado a asumir sus tareas. En este contexto, los centros reciben ahora un cuestionario que, en la práctica supone una auditoría, y que han de cumplimentar y enviar antes del 8 de enero. Según denuncian también “en una autonomía bilingüe como la valenciana, el cuestionario se debería enviar en las dos lenguas oficiales, y no únicamente en una”.