Trump el destructor
Trump va camino de convertir su legado en una mera demolición, tanto del trabajo de su predecesor como de consensos en política exterior mantenidos por todas las administraciones de EEUU.
El actual presidente de los Estados Unidos para dispuesto a no dejar piedra sobre piedra. Hombre impulsivo que entiende la política a golpe de tuit, llegó a la presidencia con promesas polémicas y de corte populista, como la construcción del muro con México, que supuestamente pagarían los mexicanos, y feroces ataques a jueces y medios de comunicación, a los que señala con el dedo y acusa sin tapujos de deshonestos y mentirosos, salvo que sean de su misma cuerda.
Si bien es normal querer diferenciarse de su antecesor en el cargo, más aún cuando pertenecen a diferentes partidos, Trump va camino de convertir su legado en una mera demolición, tanto del trabajo de su predecesor como de consensos transversales en política exterior mantenidos por todas las administraciones estadounidenses.
Sin ánimo de ser exhaustivo, estas son algunas de las principales medidas tomadas por Donald Trump:
- Salida del TPP (Acuerdo Transoceánico de Cooperación Económica) en enero de 2017. La firma del decreto por el que se abandonaba el TPP supuso más un golpe de efecto de cara a la galería que una necesidad real, dado que el tratado se encontraba pendiente de ratificación en el Senado, ahora de mayoría republicana, y sin ninguna posibilidad de ser aprobado.
- Apuesta por los combustibles fósiles. Con la Orden Ejecutiva de Independencia Energética, en marzo de 2017, desmantela la política medioambiental de Obama, basada en promover las energías renovables, y refuerza el uso de combustibles fósiles, especialmente el carbón, así como la explotación de yacimientos petrolíferos en zonas protegidas.
- Fin del Programa DACA (Programa de Acción Diferida para Llegadas Infantiles, por sus siglas en inglés). Creado en 2012 por Obama y criticado por los republicanos por ser una regularización encubierta de sin papeles. A día de hoy beneficia a unas 800.000 personas, apodados "Dreamers". Con la firma del decreto de finalización en septiembre de 2017, se abre un periodo transitorio que finaliza el 5 de marzo de 2018 en que se insta al Congreso a aprobar legislación sobre esta materia.
-Fin del Obamacare. Éste tuvo lugar a través de dos decisiones del presidente Trump tomadas el mismo día, 12 de octubre de este año. Por un lado, la firma de un decreto que permitía la contratación de pólizas más baratas, pero con menos coberturas y, por otro lado, la retirada de los subsidios a las compañías de seguros que eran el pilar fundamental del programa.
-Entrada en vigor del veto migratorio. En noviembre de este año, un tribunal de apelaciones federal dio luz verde a la tercera versión de este decreto, aunque sea algo más descafeinada que las dos anteriores, ya que el tribunal lo limita a prohibir la entrada de ciudadanos de seis países de mayoria musulmana, siempre y cuando no tengan vínculos personales o familiares con Estados Unidos.
-Reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. La ciudad quedó dividida de facto tras la primera guerra árabe-israelí en 1948, quedando Jerusalén Este bajo control jordano hasta 1967, cuando Israel tomó también el control del lado palestino tras la Guerra de los Seis Días, que es donde se encuentran los lugares sagrados más importantes de judios, cristianos y musulmanes. Si bien Rusia había reconocido este mismo año Jerusalén Occidental como capital de Israel, lo que deja abierta la puerta a un eventual reconocimiento del Jerusalén Oriental como capital de un futuro Estado Palestino, Trump ha ido un paso más allá y ha roto el equilibrio al no hacer distingos entre este y oeste.
¿Cómo se explica esta aparente facilidad para destruirlo todo? La respuesta no pasa necesariamente por tener mayoría en las dos cámaras, sino por la existencia de una poderosa herramienta legislativa que la constitución norteamericana pone en manos del presidente: las órdenes ejecutivas o decretos presidenciales, que permiten aprobar leyes cuando no se cuenta con el apoyo del Congreso y el Senado.
El Congreso no puede suspenderlos ni declarlos invalidos, aunque le cabe legislar sobre los mismos e imponer límites. Cuentan además con rango de ley y, como tales, están sujetos a control jurisdiccional, sin poder vulnerar la Constitución y las leyes. Sin embargo, y aquí está el quid de la cuestión, cada nuevo presidente puede revocar los decretos de su antecesor. En la medida que programas como el DACA, el Obamacare y otros son producto de órdenes ejecutivas, su fortaleza es más que relativa y pueden producirse vuelcos bruscos; como es el caso.