El TC anula el acceso de los inmigrantes sin papeles a la sanidad gratuita

El Alto Tribunal ha declarado inconstitucional el decreto ley del Consell que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, es decir, a aquellas personas extranjeras que no tenían condición de asegurado ni beneficiario del Sistema Nacional de Salud, pero habían estado empadronados en la Comunidad Valenciana durante tres meses.

A través del Real Decreto 16/2012, el ejecutivo del Partido Popular recurrió la norma para recortar el derecho a la salud a distintos colectivos, entre ellos un colectivo especialmente vulnerable, las personas migrantes en situación administrativa irregular.

Ahora, según el fallo, la ley "extiende el acceso a las prestaciones sanitarias a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España y con residencia efectiva en la Comunidad Valenciana, que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y que no puedan exportar el derecho a cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud desde sus países de origen, ni exista un tercero obligado a pago".

A juicio del tribunal, la norma "amplía la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal" que incluye entre "entre los sujetos que tienen la condición de asegurados a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español [en situación regular], pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España".

Por ello, "al no atender al criterio de lo básico en la norma estatal, el Decreto Ley 3/2015, del Consell de la Generalidad Valenciana, debe declararse inconstitucional y nulo por vulneración del artículo 149.1.16" de la Constitución.

Votos particulares y Generalitat en contra

Cinco de los 12 magistrados del tribunal entienden que el decreto debería haber sido avalado a constitucional. De hecho la sentencia cuenta con varios votos particulares, uno que formulan Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer, que discrepan "de la fundamentación y del fallo", y otro del magistrado Antonio Narváez que cree que el decreto-ley no debió ser declarado inconstitucional y nulo "por haber sido dictado en el marco de las competencias de desarrollo de la sanidad que le confieren los arts. 149.1.16 CE y el art. 54 del Estatuto de Autonomía de la precitada Comunidad Autónoma".

La Generalitat Valenciana se ha mostrado completamente en desacuerdo con la sentencia. El presidente Ximo Puig, ha anunciado que seguirán atendiendo con los mismos criterios. "Cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunidad Valenciana va a ser atendida y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria", ha asegurado.

Puig ha acusado al ejecutivo de utilizar "la vía judicial para defender posicionamientos injustificables" y ha afirmado que dejar fuera a esas personas "es un ejercicio de inhumanidad". También ha criticado su visión "regresiva" de la Constitución y ha advertido de su voluntad "recentralizadora". De hecho, ha apuntado que esta sentencia demuestra la necesidad de una reforma de la carta magna para blindar aspectos como la sanidad universal.

El fallo judicial anula una de las primeras medidas aprobadas por el Consell del Botánico después de las elecciones autonómicas de 2015.

El Supremo y la jubilación forzosa

Se da la circunstancia de que este nuevo revés para la Conselleria de Sanidad tiene lugar escasos días después de que el Tribunal Supremo anulara la jubilación forzosa del personal sanitario valenciano a los 65 años, y de que la presidenta del colegio de médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, alertara del peligro de crisis sanitaria en la Comunidada para dentro de cinco años por falta de profesionales para atender a los enfermos.