La Ley de Accesibilidad y el compromiso para hacerla cumplir

El pasado 4 de Diciembre entró en vigor el Real Decreto 1/2013 de derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social para que edificios, entornos y servicios estén adaptados con arreglo a las condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal.

Teóricamente desde ese día todas las barreras arquitectónicas deberían de haber desaparecido de los espacios públicos y privados porque ya hay una ley en vigor que lo obliga, pero la realidad, tristemente, es que no ha sido así por mucha norma que lo dicte. En una sociedad como la española que ese hecho sucediera casi habría parecido ciencia-ficción.

La cuestión es si habrá verdadera voluntad y compromiso por hacerla cumplir.

Son innumerables las viviendas que no disponen de ascensor o los que no están implantados a cota cero. En ocasiones con el drama que supone cargarse al hijo discapacitado a la espalda para que pueda pisar la calle; también la de muchos ancianos que pasan días, a veces semanas enclaustrados dentro de sus viviendas, incapaces por si mismos de bajar unos escalones.

Poner solución suele ser complicado; casi siempre se choca con la negativa de los vecinos, a veces entendible por el excesivo coste de las obras de adaptación. Ahí es donde habría que exigir a las administraciones un mayor compromiso ante unas ayudas que ya existen, pero que claramente son lentas e insuficientes, mientras lo sufren los más desamparados.

Existen los molestos escalones que impiden el acceso a comercios y oficinas; también los lavabos de tiendas y espacios públicos. En la mayoría de aseos es imposible entrar con una silla de ruedas y cuando se indican como baños adaptados tienen las barras sueltas o mal colocadas, imposible de agarrarse. Eso cuando no se transforma en un cuarto sucio y maloliente, un trastero donde apilar cajas y trastos viejos.

En redes sociales se pueden ver compartidos ejemplos de aparcamientos, lavabos, etc. que son auténticas antologías del disparate y la discriminación.

¡Qué importante sería que las inspecciones lo tomaran en cuenta!

Especialmente están los autobuses y trenes porque hoy día son imprescindibles. No cabe duda de que tiene que armarse de valor cualquier persona con discapacidad física que desee emprender un viaje, acudir diariamente al trabajo o desplazarse simplemente por placer. Suele ser una pesadilla. Hay autobuses, sobre todo los que comunican pueblos, que no disponen de rampas de acceso y en los trenes de cercanías ni existen. La Estación del Norte de Valencia, por ejemplo, dispone de una plataforma elevadora para que un carrito o silla pueda subir al tren, pero luego, en la ciudad de destino, no disponen de esa plataforma y hay que echar mano de la buena disposición de la gente para que la alcen en volandas y poder descender. Al final se convierte en una situación humillante.

No creo que a Renfe le supusiera un gasto inalcanzable disponer de una plataforma en cada estación.

Y por supuesto los cines, que no me puedo olvidar de ellos. Sin duda es una leyenda urbana que alguien viese pagar su entrada a una persona en silla de ruedas para ver una película, solo, marginado en una esquina de la primera fila. Luces centelleando, imágenes espasmódicas moviéndose a velocidad de vértigo sobre una pantalla de veinte metros cuadrados, todo bien pegado a su cara.

No, no suele ocurrir, por eso ese símbolo de la silla dibujada sobre la desgastada moqueta se queda allí, marchita, solitaria y cargada de vergüenza junto a las papeleras.

Tengo muy claro que este trato vejatorio de las salas de cine es una de las señales más claras sobre la falta de empatía que sufre esta sociedad.

Pero bueno, para no faltar a la verdad hay que decir que en las grandes capitales, en Valencia sin ir más lejos, se ha avanzado mucho en los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo y numerosas calles y entradas a edificios públicos tienen sus accesos bien adaptados. Aunque todavía queda bastante labor por delante. Desgraciadamente esto no es así en pueblos y pequeñas ciudades, en la mayoría de ellos está casi todo por hacer:

“La accesibilidad no se puede crear desde un despacho, hay que hacerla a pie de calle” —explica Teresa Salort, presidenta de la Asociación de Polio y Postpolio de la Comunidad Valenciana (APIP C.V.). Hace unas semanas, Teresa invitó al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oliva a dar un paseo sentado en una silla de ruedas. “No estaría mal que a la hora de planificarla, las autoridades municipales fueran acompañados de alguna persona en esa situación que les fuera indicando los problemas que tienen día a día y como solventarlos”.

La experiencia acabó de modo positivo y con el regidor concienciado.

Innumerables son los casos que se podrían ir desgranando como una manera de concienciar a ciudadanos y autoridades políticas de la importancia de humanizar nuestras ciudades. Es importante saber que el número de personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana ronda aproximadamente las 400.000, un 10% de la población y, aunque en este artículo he querido centrarme exclusivamente en la accesibilidad física, existen otras, sobre todo de tipo sensorial que son igualmente importantes y que tropiezan a diario con sus propias barreras, que también son invisibles a ojos de la mayoría.

Ahora, ya disponemos de una ley que nos ampara a las personas con funcionalidad diversa, ya se puede reclamar e incluso denunciar casos flagrantes; confiemos que no suceda como con otras leyes: Ley de Dependencia, Ley de Memoria Histórica, etc. que quedan muy llamativas y progresistas dentro del marco legislativo español, pero huecas de eficacia.