El PP quiere llevar al TSJ la Oficina de Derechos Lingüísticos del Consell
La diputada Mª José Ferrer San-Segundo considera muy grave que la oficina pueda actuar también en las relaciones de ámbito privado.
Imagen de la portavoz de Justicia del Grupo Popular, María José Ferrer San-Segundo.
El Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el Decreto de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos del Consell, según ha anunciado la portavoz de Justicia del grupo popular, María José Ferrer San-Segundo.
El Consell ha publicado esta semana este decreto sobre la Oficina de Derechos Lingüísticos, con el fin de que los tribunales decidan "si se están vulnerando los derechos personales y el ordenamiento jurídico" con un organismo que consideran un "cortapega" del existente en Cataluña.
La diputada popular María José Ferrer San-Segundo, ha remarcado que el decreto "ni siquiera atiende las observaciones esenciales que formuló el Consell Jurídic Consultiu (CJC), que para algo está", y que eran "bastantes". Entre ellas, el ámbito de aplicación del decreto que se extiende a la administración local y del Estado, pero que no puede invadir esas competencias sin la existencia de un concierto previo con esas entidades y y ha recordado que "no puede invadir competencias" que no le son propias. "Luego se queja el Consell", ha dicho, de que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de algunas de sus normas por este motivo cuando "está legislando a balonazos sin contar con el CJC".
Asimismo, la diputada del PP ha hecho referencia a una cuestión "más grave", el hecho "inadmisible" de que la Oficina de Derechos Lingüísticos pueda tramitar denuncias o reclamaciones sobre el uso de la lengua "en relaciones privadas" como en comercios u oficinas, aunque el decreto lo intente "maquillar" aludiendo a que se abrirán "expedientes informativos" y que su carácter no es sancionador.
"De momento, todos sabemos que las hojas de ruta son así", ha agregado Ferrer San-Segundo, que ha indicado que el hecho de que se elabore una resolución administrativa en la que figure que se han vulnerado derechos lingüísticos "es reprobatorio" y, además, ha lamentado que "esos expedientes se inscriben en un registro", con lo que va a haber "un registro de valencianos buenos y valencianos malos". "Eso es estigmatizar, no es necesario", ha precisado.
Según ha indicado, los populares están "con el bilingüismo" y por la protección y fomento del valenciano, pero "otra cosa es imponer, castigar a quienes pueden usar cualquiera de las dos lenguas oficiales".
"Es un corta y pega de la Oficina de Garantías Lingüísticas de Cataluña, que ha acabado con multas a comercios y no ha traído la convivencia pacífica de las lenguas, sino secesión y fractura social", ha incidido la diputada, que ha agregado: "El tren que en Cataluña ha descarrilado no vamos a permitir aquí, si es posible, ni que salga de la estación", ha concluido Ferrer San-Segundo.
El decreto de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos, publicado el pasado 18 de diciembre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), establece que esta Oficina "tiene como objeto garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía" y estos derechos "son los que amparan y protegen el uso de las lenguas oficiales reconocidas por el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana".
