Doble malestar empresarial y sindical por las ayudas del Botànic
Cada tripartito partido tiene sus favoritos. Y uno de los predilectos del que comandan Ximo Puig y Mónica Oltra es la Unió Gremial.
La predilección se nota especialmente en que la Unió Gremial resulta ser una asociación de comerciantes a la que se riega por goteo y a manta a la vez.
Y claro, eso provoca recelos por agravios y sobrevaloraciones en el colectivo empresarial valenciano que tiene por máximo exponente a la CEV, patronal que acoge a las mayores rivales de -y más grandes que- la Unió Gremial.
El último caso conocido es el de la “resolución de la Presidencia de la Generalitat de 18 de diciembre por la que se regula y concede una subvención directa a Unión Gremial para la promoción sociocultural de la Comunitat Valenciana”. Se le otorga con “carácter excepcional”, y supone 17.900 € compatibles con otras subvenciones por la omnipresente campaña de “el Nadal és valencià”, con la que se pretende promocionar la uva, los juguetes o el turrón entre los valencianos.
Desde la patronal -y también desde algun sindicato- recuerdan que la Federación de Gremios y Asociaciones del Comercio Valenciano (Unió Gremial) tuvo por gerente entre 2006 y 2012 al que ahora es director general de comercio de la Generalitat, Natxo Costa.
Costa es autor de los informes en los que se basó otro reparto de ayudas merced al cual la Unión se llevó 90.800 euros de Diputación. Maria Josep Amigó, la vicepresidenta y promotora de estas ayudas -de Compromís- habla de “criterios estrictamente objetivos y transparentes”.
El problema está en los cálculos de representatividad incluidos en los citados informes, con lo que las hasta ahora patronales mayoritarias del comercio, Cecoval y Covaco, ambas miembros de la CEV, no están de acuerdo por entender que sobrevaloran a la Unión Gremial.
Pero el caso es que la Unión ha pasado en tiempo récord de la práctica invisibilidad a protagonizar debates como el de la libertad de horarios comerciales y a encabezar los ránkings de ayudas públicas.
Ayudas a las patronales y sindicatos
Los repartos de ayudas siempre resultan polémicos, y con cada gobierno suelen efectuarse con arreglo a criterios distintos. Muy comentada está siendo durante las últimas semanas la pretensión del PP de que las ayudas contempladas por la Ley de Participación y Colaboración Institucional se abran más allá de la CEV, CC.OO. y UGT (instituciones de “mayor representatividad”) mediante el sistema de concurrencia competitiva y no directa.
Otras entidades, como CSIF, Intersindical, Sindicato Independiente y USO luchan por hacer valer el concepto alternativo de “suficiente representatividad” (más del 10% de los representantes de los trabajadores en un determinado ámbito territorial o funcional) incluso en el Tribunal Constitucional, ante el que han recurrido el reglamento de esta ley autonómica.
Se da la circunstancia de que la citada Ley de Participación y Colaboración Institucional fue aprobada en 2015, durante el mandato de Alberto Fabra, con los votos de PP, PSPV y EUPV, y con la abstención precisamente de Compromís.
De aquel gobierno formaba parte Isabel Bonig, actual líder del PP, a quien el irreductible secretario general del SI, Fermín Palacios, afea la incoherencia de haberles “martirizado” entonces y venir ahora como “salvadora de la patria”. Palacios sentenció en un reciente acto conjunto de los cuatro sindicatos perjudicados que “bienvenida toda la ayuda para tumbar esa ley perjudicial, pero no me olvidaré jamás de quién trajo la ley y quién trajo el reglamento”.