El Consell privatizará la gestión de las Ferias

El último pleno del Consell de 2017 ha aprobado quedarse con toda la deuda de las dos ferias valencianas y abrirlas a la colaboración público-privada que sin embargo rechaza para los hospitales concertados.

Y lo ha hecho mediante dos decretos-ley para Feria Valencia y la alicantina IFA, instituciones que arrastran deudas financieras respectivas de 480 millones (procedentes de sus planes de modernización de primeros de siglo) y 46 millones (ampliación de infraestructuras). La Generalitat pagará esas facturas, saneará las instituciones, y una vez limpias las dejará en manos privadas aunque con “control público”. Quedarán como ahora pasa con las concesiones hospitalarias que el gobierno valenciano quiere “rescatar”, pero con la diferencia de que en Alzira o Denia no hay deudas.

La decisión del Consell, que ha requerido de la intervención en rueda de prensa de la vicepresidenta, Mónica Oltra, y los consellers de Hacienda y Economía, Vicent Soler y Rafael Climent, pretende quitar “plomo de las alas para que estas instituciones vuelen” según la número dos del gobierno autonómico. Oltra, ya más prosaica, ha remarcado que estas medidas son “consecuencia de la ruina en diferido y del empastre que nos dejó el anterior gobierno del PP”.

Soler ha explicado que esta asunción “no computará como incremento del endeudamiento en las estadísticas de deuda que publica el Banco de España, ya que ambas instituciones feriales ya estaban clasificadas en términos de contabilidad nacional como unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana”.

Climent ha explicado que habrá declaración de “servicio de interés autonómico” para ambas ferias, y que el proceso consistirá en que el ayuntamiento respectivo haga una cesión gratuita a la Generalitat, los patronatos feriales se disuelvan, se creen comisiones gestoras, después sociedades mixtas y vía concurrencia competitiva se intentará que lleguen socios tecnológicos porque el gobierno valenciano apuesta por “implicar a los agentes privados que son muy importantes para dinamizar la economía valenciana”. El primer candidato conocido es el grupo francés GL Events.

Feria Valencia, según un informe del Consell Jurídic Consultiu de cuando surgieron las primeras sospechas sobre su funcionamiento y consecuentemente se discutía si debía rendir cuentas o no a los poderes públicos (el patronato lo presidía Rita Barberá), era hasta ahora una empresa privada. La Fiscalía Anticorrupción concluyó hace un año que el despilfarro no es delito y archivó la investigación entonces en curso sobre posibles irregularidades.