Aerte recurrirá el decreto del Consell que regula el concierto social
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes recurrirá el decreto del Consell que desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público no permite discriminar entre entidades con y sin ánimo de lucro
En un comunicado, Aerte considera que el citado decreto es contrario a la normativa estatal básica al no permitir que puedan participar todas las entidades de servicios sociales independientemente de su forma jurídica.
Ha recordado que el pasado 9 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de Estado (BOE) la Ley de Contratos del Sector Público en la que se permite que las Comunidades Autónomas puedan crear figuras como el concierto social siempre que respeten el principio de no discriminación.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat ha afirmado que lleva casi un año y medio transmitiendo a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y a los grupos políticos de Les Corts que la Directiva Europea en la que se basó la modificación que se hizo a principios de año de la Ley de Servicios Sociales, no permite reservar solamente el concierto a entidades sin ánimo de lucro.
A pesar de ello, ha lamentado, que “el departamento de Mónica Oltra saco adelante la modificación legal” y el pasado sábado el Diari Oficial de le Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el decreto de acción concertada que desarrolla el cambio legal que se llevó a cabo en enero ignorando la nueva ley básica estatal.
“Pensábamos que la actitud de la administración sería la de adaptar el concierto al nuevo marco legal y permitir que pudieran acceder al concierto todas las entidades debidamente autorizadas. Sin embargo, la decisión no ha sido la de rectificar sino aprobar el decreto ignorando por completo la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, ha indicado el presidente de Aerte, José María Toro.
Ha afirmado que Aerte ha defendido siempre la necesidad de eliminar el sistema de subvenciones actual y aportar al sector sin ánimo de lucro una estabilidad y seguridad jurídica para poder trabajar adecuadamente “pero no debe llevarse a cabo excluyendo al resto de entidades”.
“A pesar del gran número de ocasiones en el que hemos informado a la Conselleria de que esa discriminación podría ser contraria a derecho, se ha seguido por el mismo camino por lo que nos vemos obligados a recurrir el decreto en vía judicial con todos los inconvenientes que puede generar en el sistema”, ha señalado.