La subvenciones al valenciano pueden terminar en los tribunales
El grupo Popular en las Corts Valencianes ha formulado un requerimiento expreso al Consell para que les den las alegaciones presentadas al proyecto de ley del modelo lingüístico.
Las diputadas del Partido Popular en las Corts Valencianes, Beatriz Gascó y Eva Ortiz, han formulado esta petición, con fecha de finales de diciembre, para que el Consell les entregue la documentación reclamada "en el plazo improrrogable de 20 días", con el apercibimiento de que, en caso contrario, presentarán un recurso contencioso-administativo contra la "inactividad administrativa" mediante el procedimiento especial para la protección especial de los derechos fundamentales.
Las diputadas sostienen que en todos los casos se ha sobrepasado "en exceso" el plazo legal establecido para la entrega de la documentación, lo que supone "una clara vulneración del derecho fundamental a la participación en asuntos públicos previsto en el artículo 23 de la Constitución Española". La información solicitada, en el caso de las ayudas al valenciano, se solicitó en abril de 2017. En ese caso, se entregó parte de la documentación y se comunicó que la restante estaba a su disposición en la Dirección General de Política Lingüística.
Al personarse en la sede en diciembre, se les comunicó que no se disponía de copia por contener los expedientes de datos de carácter personal. En este caso, la petición versaba sobre los solicitantes y beneficiarios finales de las ayudas a proyectos de características especiales que fomenten el multilingüismo; al fomento del valenciano en los medios de comunicación; a la participación directa de entidades sociales en la promoción del multilingüismo; a la promoción de actividades de fomento de la lengua y cultura valenciana en entidades y asociaciones del exterior de la Comunitat; a subvenciones a asociaciones cívicas, sindicatos, asociaciones profesionales y otras entidades para fomento del valenciano y a la edición de 'llibrets', entre otras.
Otra de las peticiones, con fecha 28 de junio, reclamaba la copia de todas las alegaciones formuladas "por personas, entidades y asociaciones durante el trámite de información pública al proyecto de decreto del Consell por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano" y se regula su aplicación en las enseñanzas universitarias. En este caso, según el escrito del PP, tampoco se les facilitó copia en la Dirección General de Política Educativa por contener "datos sensibles protegidos".
Sindicatos y entidades empresariales
El último caso se refiere a una petición de junio para acceder a la copia de las facturas revisadas por el correspondiente auditor relativas a las cuentas justificativas presentadas por las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat, beneficiarias de las ayudas directas concedidas para tender los gastos de participación institucional del ejercicio 2015.
En octubre, se les comunicó que la documentación no estaba en la Conselleria de Economía y que una vez recabada, se le remitiría copia. El 22 de noviembre se solicitó fecha para retirarla aunque no han recibido aún contestación, según el escrito del PP.